Los cementerios municipales de Barcelona han sido un constante objeto de críticas, especialmente por la alarmante falta de mantenimiento que presentan algunos de ellos. Precisamente el mantenimiento de lápidas y nichos en los Cementiris de Barcelona será mucho más caro a partir del próximo año. De hecho, el gobierno municipal multiplicará la tarifa actual correspondiente al derecho de conservación.
Actualmente el coste anual sin IVA por cada nicho es de 13,90 euros, una cantidad que alcanzará los 27,80 euros tras el tarifazo de 2020. En el caso de las sepulturas que cuenten con más de un compartimento, el coste ascenderá de 29,36 a 58,72 euros.
BENEFICIOS DE CUATRO MILLONES
El objetivo del consistorio de Colau con este desproporcionado incremento de cuotas es alcanzar 3.891.500 euros de beneficios anuales.
Para justificar esta medida, el Ayuntamiento se respalda en la congelación de las tarifas que se lleva a cabo desde 2013, así como en que estos precios no son tan altos respecto a otros municipios del entorno pero, a la vez, reconoce que otras ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga o Valladolid no trabajan con el concepto de "derecho de conservación".
HUNDIMIENTO DE MONTJUÏC
El escándalo más reciente de esta empresa pública presidida por el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, fue el hundimiento de un bloque con 144 nichos en septiembre de 2017 correspondiente al cementerio de Montjuïc.
La alarmante falta de mantenimiento fue la razón que ocasionó este desplome. Después de que Cementiris reconociera su incapacidad para poder identificar todos los esqueletos del derrumbe pese a los 800.000 euros de gasto en estudios de ADN, el Ayuntamiento ofreció a las familias unas propuestas de indemnización que oscilaban entre los 5.000 y los 30.000 euros en función de la gravedad del caso, una medida que fue desestimada por 50 familias que optaron por interponer una querella criminal por los delitos de daños, profanación, falsedad documental, prevaricación y malversación.
Así quedó el cementerio de Montjuïc tras el hundimiento / CRISTINA GARCÍA
Por su parte la Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, denunció la falta de transparencia de los responsables en la gestión de esta crisis, haciendo especial hincapié en el error de dejar entrar en la zona 0 del desplome a una retroexcavadora que mezcló los restos humanos y todo tipo de escombros. Este desastre también marcó al director general de Cementiris, Jordi Valmaña, quien se prejubiló el pasado 31 de mayo salpicado por este caso.
FUNERARIA PÚBLICA
La creación de una funeraria pública fue otra de las obsesiones fracasadas de Colau. Después de que Badia defendiera la necesidad de subir las tasas de cementerios a principios de 2018 alegando que no se estaban cubriendo los "gastos de mantenimiento", y con una fuerte crítica de partidos de la oposición por la grave falta de inversión en la conservación de estas instalaciones, la alcaldesa llevó al pleno municipal en diversas ocasiones el nacimiento de este servicio.
Los comunes explicaron que la principal razón para la creación de la funeraria era el precio medio de un entierro en Barcelona, que situaban en 6.500 euros. Las reiteradas negativas del pleno a esta iniciativa llevaron a la formación liderada por Colau a realizar un acoso total a sus actuales socios de gobierno, el PSC.
La alcaldesa llegó a acusar a Jaume Collboni a haber cambiado el sentido del voto en otras ocasiones, algo que no hizo en este caso, a lo que se sumó el ataque a los socialistas mediante el cual BeC afirmaba que el PSC tenía que decidir "si está a favor de la gente o del monopolio privado".
AUDITORÍA
Las irregularidades en la gestión de Cementiris también salpicaron la dirección de Valmaña poco antes de su prejubilación, aprobándose en pleno la propuesta del PP mediante la que se exigía llevar a cabo una auditoría en la empresa municipal.
Fue la Síndica quien hizo saltar las alarmas, después de que revisara una factura que ascendía a 11.127 euros, una cantidad que consideró "muy elevada en relación con el servicio que había solicitado la persona reclamante".
El director general de Cementiris, Jordi Valmaña, junto al concejal Eloi Badia
Así, la falta de transparencia en relación a la estructura de los costes de los servicios, así como cuales son de contratación obligatoria y voluntaria, pusieron en entredicho una vez más a la compañía pública presidida por Badia.
SANT ANDREU
El último desgraciado capítulo vivido en una instalación de Cementiris tuvo lugar en Sant Andreu. Hasta ocho lápidas del cementerio militar fueron profanadas el pasado 21 de octubre, apareciendo algunas de ellas repletas de pintura marrón.
El desastre de Cementiris de Barcelona, que gestiona las instalaciones de Montjuïc, Poblenou, Horta, Sant Andreu, Sant Gervasi, Sarrià, Collserola y Sants, está más que consolidado. La única diferencia es que, a partir del próximo año, los familiares se podrán ver obligados a pagar mucho más por un servicio nefasto y un mantenimiento casi inexistente.