Se cumple un año de la vergüenza de Cementiris de Barcelona

El 15 de septiembre de 2017, un bloque de 144 nichos del cementerio de Montjuïc se desmoronó. Dos días antes, ya había dado síntomas preocupantes, pero sus responsables no tomaron medidas. Un año después, la alcaldesa Ada Colau todavía no ha dicho nada del suceso. Ni una simple disculpa o un lamento a las familias afectadas, que han iniciado un proceso judicial.

El pasado 15 de julio, los despachos de abogados de Miguel Durán y Josep Maria de Palacio presentaron una demanda criminal por delitos de daños, profanación, falsedad documental, prevaricación y malversación. Las familias afectadas dirigieron su querella contra el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de Cementiris de Barcelona, Eloi Badia; el director general de Cementiris, Jordi Valmaña, y la directora antropóloga Dominika Nociarova, que encabezó la exhumación y la identificación de los restos humanos. Colau, de momento, no ha sido demandada.

EL RECUERDO

Cristina García Galante, una de las afectadas más activas, ha expresado su malestar en la cuenta de Afectados por el derrumbe del cementerio de Montjuïc: “Hoy hace un año que os volvimos a perder... pero no pararemos hasta hacer justicia. Por siempre en nuestros corazones”. En pocas palabras, García resumía el recuerdo por sus familiares fallecidos y su enojo con los responsables del hundimiento.

García ha acudido muchas veces a Montjuïc desde el fatídico 15 de septiembre. Y ha visto imágenes que nunca olvidará. También ha soportado muchas trabas de los responsables del cementerio. Tras el accidente, nadie avisó a los bomberos y, peor aún, se permitió que una retroexcavadora mezclara los restos humanos y todo tipo de escombros. No fue hasta cinco días después que llegaron los especialistas.

“Los primeros días nadie era capaz de diferenciar entre un cascote y un hueso”, asegura el abogado De Palacio. “Badia, Valmaña y Colau deberían dimitir”, asegura García.

EL OFRECIMIENTO, RECHAZADO

Las familias afectadas esperan la resolución de la justicia ante su demanda. En los últimos meses rechazaron el ofrecimiento del Ayuntamiento y de Cementiris de Barcelona, que intentaban callar sus demandas con una indemnización de 5.000 euros. "No queremos dinero, queremos justicia", insiste García Galante.

El caso, denunciado por la oposición, no ha tenido una gran trascendencia mediática a pesar de su gravedad. La Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, denunció la falta de transparencia de los responsables en la gestión de la crisis de un caso que recuerda el célebre Yak-42, el accidente de un avión militar español con 75 personas a bordo.