Los vecinos del edificio Venus, al límite: “¡Necesitamos salir de aquí!”

Paquita Jiménez lleva 43 años viviendo en el edificio Venus del barrio de La Mina. En las últimas décadas ha sido testigo de como el paso de los años no deja de deteriorar este bloque de pisos donde actualmente residen 240 familias. Y ahora asegura que no aguanta más. “Para empezar no tenemos puerta de entrada, está abierto las 24 horas. El estado de la escalera es pésimo: el suelo está levantado y sucio, las barandillas rotas y los ascensores averiados” cuenta a Metrópoli Abierta Jiménez y añade: “Además, a través del tejado se filtra agua hacia una de las viviendas del décimo piso y también sufrimos cortes de luz cada vez que un vecino pincha la de toda la comunidad".

Estos son los desperfectos con los que conviven los vecinos de la escalera número tres, pero Jiménez asegura que los mismos daños o similares se repiten en el resto. Es por eso que, lamentablemente, le sobran los motivos para reivindicar otro lugar al que llamar hogar. “Estamos frustrados y desesperados. ¡No podemos más!, ese es el grito”, dice Jiménez y, acto seguido, agrega “¡Necesitamos salir ya de aquí! Vivimos donde no queremos estar”.

Jiménez forma parte de un grupo de vecinos, 57 familias, que en julio de 2019 demandó al Consorcio de la Mina (conformado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs y la Diputació de Barcelona) por la década de demora en la adjudicación de nuevos pisos. Con la ayuda de la asociación Objetivo Venus, creada para ayudar a estas familias, lanzaron esta semana una campaña crowdfunding con la que pretenden recaudar 12.800 euros para cubrir los gastos del juicio. Exigen al consistorio del barrio una indemnización de 100.000 euros por vivienda “por los años que hemos vivido bajo este deterioro”, indica Jiménez.

20 AÑOS ATRÁS

El conflicto que retumba entre las paredes del edificio Venus se remonta al 2002, cuando el Consorci de la Mina aprobó el Plan Especial de Reordenación y Mejora del Barrio de La Mina (PERM). La idea era derribar el bloque de pisos y realojar a las 140 familias que vivían entonces, pero hasta 2009 no se dio luz verde al proyecto, cuenta a Metrópoli Abierta David Picó, dinamizador social del proyecto Desdelamina.net, que ha impulsado junto a los vecinos el Objetivo Venus.

También añade que, en ese momento, las administraciones pusieron a los vecinos la condición de abonar 34.000 como préstamo hipotecario privado para acceder a las viviendas de construcción nueva, situadas en el mismo barrio. “La mayoría de residentes tenían rentas bajas, por lo que no podían solicitar un préstamo bancario. O tenían los 34.000 euros o no podían marcharse”, recuerda Picó sobre una parte del proceso que llevó a los moradores a presentar alegaciones que finalmente fueron desestimadas. Picó también señala que “solo unas 30 familias consiguieran cambiar de domicilio”.

UN CONFLICTO ENQUISTADO

Más allá del deterioro actual, durante todos estos años el edificio se ha atestado de otros desperfectos que hacen que para Jiménez sea imposible no irritarse. “Hemos arreglado el patio que da al cuarto de contadores porque cuando llovía también se filtraba el agua. Hemos sufrido cortes de luz durante los últimos tres años e incluso hemos tenido personas acampadas en el terrado del edificio”, apunta sobre una batería de detrimentos que se han producido mientras la batalla entre los residentes y las administraciones seguía en pie. 

Según recuerda Jiménez, en julio de 2014 el ejecutivo del Consorcio dijo que “el edificio no debía derribarse, sino reformarse, y que las viviendas destinadas al realojo serían sorteadas”. Después los vecinos trasladaron sus demandas a los tribunales.

En julio de 2016 formularon su primera demanda. Pedían 60.000 euros por domicilio. Pero en julio de 2018 "la jueza determinó que no percibía una inactividad por parte de la administración del Consistorio como para pedir una indemnización de este calibre”. Un fallo que recurrieron en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y cuya resolución todavía no ha llegado a los residentes del edificio Venus. “¡Qué las administraciones y los jueces pongan el pie en el acelerador!”, agrega Jiménez.

A principios de octubre, el Parlament de Cataluña aprobó seguir adelante con el PERM, pero los vecinos tampoco saben cuál será su destino y hasta cuándo deberán aguantar en sus actuales viviendas. A pesar de ello su tenacidad no desiste. “No sabemos si lo conseguiremos porque luchamos contra cuatro administraciones. Pero pase lo que pase, siempre nos quedará el saber que no nos hemos quedado de brazos cruzados”, sentencia.