La Guardia Urbana desaloja la acampada de plaza Universitat

La Guardia Urbana de Barcelona ha desalojado este miércoles a altas horas de la noche la acampada de plaza Universitat. Un importante despliegue de la unidad antidisturbios ha puesto punto y final a más de 20 días de ocupación del espacio público de forma permanente en el centro de la ciudad. La alcaldesa Ada Colau ha justificado el desalojo por al fracaso de la mediación municipal y de la Generalitat con los acampados. "Era evidente que no se podía alargar de manera indefinida", ha señalado.

Los agentes han retirado el material instalado con suma facilidad, sin que los acampados opusieran resistencia en un inicio. Posteriormente, se han producido algunos rifirrafes entre manifestantes y policía, que han hecho uso de sus porras. Colau ha explicado este miércoles que la mediación no dio ningún fruto porqué los independentistas "no reconocían" al consistorio como un interlocutor válido. "Evidentemente llega un momento en que los cuerpos policiales escogen el momento para actuar", ha señalado la primera edil sobre la ocupación de una plaza y una via (Gran Vía) que afectaba a la mobilidad del centro de la ciudad.

POCA RESISTENCIA

La operación ha arrancado poco antes de las 01:00 horas. En cuestión de minutos, los agentes han despejado la zona, mientras los acampados recogían sus pertenencias. Unos pocos manifestantes han opuesto resistencia, lo que ha desencadenado en unas pequeñas cargas policiales. También se han producido dos detenciones durante el desalojo. 

Tras la operación policial, las brigadas de limpieza han retirado el diverso material que estaba instalado en la plaza. La Guardia Urbana ha formado un cordón policial en la zona para evitar que los manifestantes se acercaran al lugar. De hecho, los agentes han tratado de desplazar a los pocos concentrados hacia la calle Pelai, todo ello bajo un clima de tensión. 

PÉRDIDA DE APOYOS

En las últimas semanas se había producido un descenso considerable del número de participantes en la acampada, protagonizada en su gran mayoría por jóvenes universitarios. El pasado sábado, los Mossos d'Esquadra identificaron a 117 personas que dormían en plaza Universitat. 

La acampada de los jóvenes también se ha visto diezmada en los últimos días por la pérdida de apoyo interno y externo. Organizaciones independentistas como las juventudes de ERC (JERC) y las de la CUP (Arran) se habían desmarcado de la protesta por las disputas internas entre los propios acampados. De hecho, la situación se agravó después de que se produjeran acusaciones cruzadas de la desaparición una caja de resistencia con más de 30.000 euros. Algunos jóvenes acusaron a las JERC y Arran de haber robado el dinero, una versión que las dos organizaciones juveniles negaron. 

Por si eso fuera poco, en los últimos días algunos acampados han denunciado que se produjo una violación en la acampada el pasado jueves.

Los concentrados en plaza Universitat tampoco contaban con el apoyo de restauradores y comerciantes, que han solicitado en reiteradas ocasiones el desalojo de la acampada y la restitución del orden público.

MOTIVACIÓN DE LA PROTESTA

El inicio de esta protesta se remonta al pasado 30 de octubre, cuando diversos colectivos juveniles y de estudiantes decidieron instalar en este céntrico punto de la ciudad sus tiendas de forma indefinida. Durante los días más álgidos de la acampada, se llegaron a contabilizar algo más de 50 tiendas de campaña y unas 200 personas durmiendo en plaza Universitat. La acción reivindicativa tenía como objetivo "parar de forma inmediata la represión contra los miembros de una generación" que había salido a la calle como señal de protesta por las sentencias contra los líderes del procés.

En un manifiesto, en el que se definían como la Generació 14 d'octubre, advertían que no tolerarían "100 años de prisión por ejercer sus derechos", en referencia a las condenas para los líderes independentistas condenados.

En el texto, además, se lamentaba la "criminalización sin precedentes" por parte del Estado desde la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés y se pedía al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, condenar "la represión y la violencia policial". Asimismo, exigían al Gobierno sentarse a negociar un referéndum de autodeterminación.