Señal de alerta del TSJC a Ada Colau. El tribunal la ha reprendido después de que diera a entender que la justicia se había vendido a las grandes empresas tras la sentencia del pasado miércoles en la que el Supremo avaló la empresa mixta de Agbar de Barcelona.
Desde el alto tribunal se han rechazado las afirmaciones de la alcaldesa en una entrevista posterior a la publicación de la decisión tomada por los magistrados de manera unánime, según ha informado Crónica Global.
CONVENIO
Fuentes del TSJC han indicado "el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fundación Agbar suscribieron un convenio de colaboración en materia de formación en el año 2011". Este acuerdo preveía "una prórroga anual automática excepto que cualquiera de las partes manifestara su deseo en contra".
En 2015 la comisión permanente del CGPJ comunicó a la Fundación Agbar "su deseo de no prorrogar a partir del 1 de enero de 2016" esta colaboración. Por ello, en ese momento el acuerdo "quedó sin efecto", como explican fuentes judiciales.
HASTA 2047
Colau tiene extremadamente difícil llevar a cabo sus planes, ya que la actual concesión vence en 2047, impidiendo así que una empresa pública pase a ser la gestora del agua motivada por razones ideológicas.
Entre los recordatorios que la sentencia marca a Colau, se encuentra la plena competencia del Estado para otorgar la concesión del agua a Aguas de Barcelona SA, que tuvo lugar en 1953 y que "en modo alguno puede entenderse como provisoria", ya que el servicio no había sido municipalizado. Respecto a los dos intentos de municipalizar el servicio en 1966 y 1982 por parte del Ayuntamiento, los planteamientos "no pudieron llevarse a cabo, como reconoce la propia sentencia recurrida, de modo que siguió todo como hasta entonces".
Además, el escrito avala la legalidad del procedimiento empleado por la administración para adjudicar el servicio -el negociado frente al de concurrencia-, ya que el mismo se encuentra amparado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
PARTICULAR OBSESIÓN
La sociedad mixta constituida en 2012 por Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona, durante el mandato de Xavier Trias, ha sido una obsesión para la alcaldesa desde que se iniciara en el cargo en 2015. Lejos de cesar en unos intentos en los que tan solo se perdió esfuerzo y dinero, Colau no ha dejado de lanzar ofensivas para conseguir un objetivo que ahora tiene más lejos que nunca.
En abril de 2018, Colau difundió en sus redes sociales una intervención en la que aseguraba que "Agbar se juega un negocio de centenares de millones de euros a costa de especular con un bien de primera necesidad como el agua” para, prácticamente un mes después, afirmar que la cuestión del agua era una "batalla entre democracia y lobbies". Lo que ningún miembro de los comunes mencionaba es el coste que podría suponer la remunicipalización del agua: 1.200 millones de euros.
Para mayor inri, el máximo responsable de este asunto en el consistorio de BeC, Eloi Badia, anunció un descenso del 4,95% en la tarifa del agua a partir del 1 de enero de 2020. A efectos prácticos, sucederá todo lo contrario. La factura del agua será más cara en 2020 por el incremento del 5% de la tasa de tratamiento de residuos (TMTR), que pagan los 36 municipios del AMB.
EL PSC CAYÓ EN LA TRAMPA
El actual primer teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni reabrió la multiconsulta de Colau sobre este asunto al abstenerse en el pleno municipal del 26 de octubre de 2018, tras un informe jurídico con sombras e interpretaciones. A la par, los socialistas dieron luz verde a Eloi Badia como vicepresidente de Medio Ambiente del AMB, mano derecha de Colau en todo este proceso.
Así, y pese a las múltiples trabas que han intentado poner los comunes, la empresa mixta de Agbar ha quedado avalada por el Supremo. Bajo el nombre de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, está integrada por Agbar (70%), Criteria CaixaCorp (15%) y el AMB (15%).