El Ayuntamiento de Barcelona ultima un censo sobre la presencia de amianto en la ciudad. La regidora de Salud, Gemma Tarafa, ha subrayado este martes en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes que una buena parte del censo ya está hecho y que ahora se está comprobando físicamente la presencia del material cancerígeno en las fincas y solares. El documento tenía que estar listo la pasada primavera, pero lleva un importante retraso.

La explicación de Tarafa, que no ha dado cifras del número de inmuebles con amianto, se ha producido después de que la regidora de ERC Montse Benedí haya solicitado elaborar, en el plazo de seis meses, un estudio sobre la presencia de amianto en Barcelona, con medidas y un calendario para su retirada en toda la ciudad. La propuesta de los republicanos es que Barcelona esté libre de amianto en 2032. La iniciativa ha sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos municipales.

CONTRATO PARA LA RETIRADA 

Tarafa ha asegurado que la retirada se iniciará por los equipamientos públicos de la ciudad y, psoteriormente, se seguirá con las fincas privadas. De hecho, y como ya explicó Metrópoli Abierta, el Ayuntamiento ya ha licitado un contrato para sacar el amianto de siete edificios municipales por valor de 171.101,84 euros, IVA incluido, unos 24.000 euros menos del precio de licitación. El gobierno municipal asegura estar trabajando también en un presupuesto y un calendario para la retirada del amianto en Barcelona.

En su comparecencia, Tarafa ha pedido rigurosidad y ha recordado que el amianto es perjudicial para la salud cuando la uralita se rompe y la persona inhala las fibras con asbesto. Buena parte de los edificios con amianto se construyeron en los años 80 y 90, ha destacado Tarafa.

Desde las filas de la oposición, las regidoras de Ciutadans y Barcelona pel Canvi, Marilén Barceló y Eva Parera, han reclamado al gobierno municipal actuar con responsabilidad y activar todos lor protocolos necesarios para evitar crear alarmismo entre los vecinos, como ha sucedido en el antiguo cine Urgel o en el mercado de la Abaceria, donde los vecinos han montado una plataforma de protesta.

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