CSIF acusa a Colau de "mentir" con la Guardia Urbana

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) opina que la oferta pública de 260 nuevos agentes de la Guardia Urbana que el gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni abrirá en 2020 es un engaño. Según el secretario de Organización de CSIF y agente de la policíal local, Eugenio Zambrano, la convocatoria no comportará un aumento del número de policías en la calle. La oferta pública de plazas para la Guardia Urbana "es una mentira, es irreal", subraya Zambrano. CSIF señala a Colau como la última responsable, pero también al PSC, a Collboni y al regidor de Seguridad, Albert Batlle, "por incumplir su programa electoral" de aumentar la plantilla de policía local.

CSIF explica que de las 260 plazas de agentes que se convocan, 85 son para cubrir las bajas (tasa de reposición) por jubilación e incapacidad total, entre otros motivos, que se ha producido en el cuerpo, es decir que el cupo de nuevos agentes real que entrará será de 175 policías. La oferta de empleo público va acompañada de una promoción interna de 185 guardias urbanos, "agentes, la gran mayoría de los cuales ahora patrulla en la calle y que cuando asciendan dejarán de hacerlo". 

MÁS ESTRUCTURA DE MANDO

Zambrano detalla que el Ayuntamiento de Barcelona, ha abierto, a nivel interno, una convocatoria para 100 plazas de cabo, 50 de sargento y 25 de subinspector. "Cuando estos agentes tengan sus nuevos destinos pasarán a hacer tareas de planificación y gestión y dejarán de patrullar. Se potencia la estructura de mando y no la de los agentes de calle, que es la necesaria", asegura el representante de CSIF. La oferta pública de promoción interna incluye, además de las citadas, cinco plazas para inspector, cuatro para intendente y una para intendente mayor.

La convocatoria de 260 plazas se hará el próximo año y las personas que superen la oposición se convertirán en agentes de la Guardia Urbana en toda regla una vez hayan superado el curso en la Escuela de Policía de Mollet, que dura unos nueve meses. Segun CSIF, cuando estos policías trabajen, el número de guardias urbanos que patrullarán por Barcelona no aumentará y el número será muy similar al actual, ya que los 260 nuevos agentes sustituirán a los que han dejado al cuerpo y a los que pasarán a realizar tareas de gestión y planificación una vez superada la convocatoria de promoción interna.

Jaume Collboni, Ada Colau y Albert Batlle / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

PROPUESTA DE CSIF

CSIF asegura a Metrópoli Abierta que se negó a firmar la convocatoria de oferta pública municipal para el próximo año al considerarla insuficiente. El sindicato dice que hizo una propuesta de 465 plazas -de las que 85 serían de reposición, 240 de promoción interna y 140 más de nuevas-, pero ésta fue rechazada. Para el sindicato, la falta de recursos y la precariedad laboral en la Guardia Urbana "afecta a las condiciones sociolaborales" de los agentes.

Según Zambrano, el Ayuntamiento se excusa de que no puede convocar más plazas por las limitaciones que marca el Estado a través de la ley de presupuestos. La ley estatal sólo permite cubrir una de cada dos plazas funcionariales que desaparecen cada año, por ejemplo por jubilación. Pero Zambrano es de la opinión que el gobierno central puede hacer excepciones, como ya se hizo en tiempos del alcalde de Xavier Trias, y convocar más puestos. El representante sindical se queja de que el regidor de Seguridad, Albert Batlle, ha tenido desde junio para plantear el tema con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "sin que por el momento esta reunión se haya producido".

El pasado sábado, Collboni, Colau y Batlle presentaron la oferta pública para el próximo año. La intención del gobierno municipal es convocar 1.000 plazas de policías locales este mandato, una de las promesas electorales del PSC y uno de los acuerdos a los que socialistas y comunes llegaron para firmar el pacto de investidura de Colau. El Ayuntamiento subraya que se pasará de los 2.875 agentes actuales a 3.500 en 2023. Al cierre de esta edición, el Ayuntamiento no había respondido a las acusaciones del sindicato.