Vuelve la teoría de la conspiración sobre el 17-A

La Audiencia Nacional ha decidido cerrar la instrucción del sumario de los atentados de Barcelona y Cambrils ocurridos el 17 de agosto de 2017, en los que murieron 16 personas y otro centenar resultaron heridas. Como consecuencia de la investigación, están procesados tres supuestos terroristas: Driss Oukabir, Mohammed Houli Chemlal y Said Ben Iazza. Los demás integrantes de la célula terrorista murieron bien a manos de los Mossos d’Esquadra, bien en una explosión ocurrida en un chalet de Alcanar, donde estaban preparando bombas. El juzgado de instrucción central número 4 acusa a los tres imputados de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias y aparatos explosivos de carácter terrorista, estragos y colaboración con las actividades de organización terrorista (Ben Iazza sólo está acusado de este último delito).

El auto, que lleva fecha de 7 de enero, declara concluso el sumario y lo remite a la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, con lo que las conclusiones se entregarán a las partes para que cada una presente las alegaciones oportunas.

DOBLE UTILIZACIÓN POLÍTICA

Pero aunque judicialmente se haya dado por acabado el tema y quede listo para juicio, políticamente es un tema que ahora intentará explotar el independentismo. Esta utilización tendrá una doble vertiente: por un lado, algunos grupos radicales quieren hacer un paralelismo entre los terroristas del atentado de Barcelona con los miembros de los comités de defensa de la República (CDR) detenidos el pasado 23 de septiembre, acusados de terrorismo y de tener en su poder sustancias susceptibles de fabricar bombas.

Las plataformas soberanistas han puesto el grito en el cielo porque a los terroristas del 17-A no se les acusa de asesinato. Varias plataformas independentistas han destacado precisamente ese hecho, con lo que ponen de manifiesto un agravio comparativo ya que al comando de yihadistas le podrán acusar casi de los mismos delitos que a los miembros de los CDR, cuando las consecuencias de unos y otros fueron muy diferentes.

Pero eso no es todo. Jaume Alonso-Cuevillas, abogado defensor de Carles Puigdemont y diputado de Junts per Catalunya (JxCat) ya apuntó la estrategia en un tuit emitido este mismo martes: “Cerrado en falso el sumario del 17-A. Seguiremos insistiendo para saber toda la verdad por todas las vías posibles. ¡Las víctimas lo merecen!”. En otras palabras: vuelve la teoría de la conspiración, de manera muy similar a lo que hizo el PP con motivo de los atentados del 11-M en el año 2004: hay círculos de la derecha española que todavía mantienen que ETA estaba detrás del atentado, aún cuando se demostró que era obra de terroristas yihadistas.

LA IMPORTANCIA DEL ‘MENSAJERO’

“Ya no se trata sólo de que haya algunos círculos que abonen teorías fantásticas sobre los atentados. Lo peor es que sea ahora Alonso-Cuevillas quien ponga en duda la instrucción del atentado o la autoría del mismo y que eche mano de los argumentos del PP para mantener la teoría de la conspiración de los atentados del 11-M. Pero si intentan utilizar esa confusión para difundir una campaña de intoxicación sobre la implicación de los servicios españoles lo tienen muy crudo, porque no hay ni un solo indicio racional que apunte en esa dirección. Todo lo que se ha dicho sobre el particular han sido bulos e invenciones interesadas”, señala a Metrópoli Abierta un alto dirigente político cercano al Gobierno español. Es decir, ya no se trata de que sea un activista anónimo quien ponga la duda sobre la mesa, sino que lo haga precisamente un letrado es lo que tiene relevancia.

Alonso-Cuevillas señaló a Metrópoli Abierta que “el tuit emitido lo hice no como diputado de JxCat, sino como abogado de los padres de Xavi, un niño fallecido en el atentado”. El letrado explica que no se apunta a ninguna campaña de intoxicación ni teoría de la conspiración y que “en la investigación han quedado muchos cabos sueltos. Resulta incomprensible que no se haya querido tirar del hilo hasta el final. Evidentemente, mantengo que existe una posible negligencia de los servicios secretos del Estado en este asunto, tanto en lo que respecta a la prevención como a la investigación”. De ahí que subraye que se hubiese necesitado una investigación más profunda de todo lo que ocurrió para delimitar las responsabilidades de cada uno.

Pero el aserto del letrado de Puigdemont en Twitter ha sido suscrito de manera literal por algunas plataformas extremistas para tirar con bala y apuntarse a una teoría de la conspiración por su cuenta. Estas plataformas han difundido periódicamente el rumor de que tras los atentados de Barcelona estaban los servicios secretos españoles, que, dejando que se perpetrasen, castigaban a Cataluña. Algunos conspiranoicos apuntaban incluso a que el verdadero motivo de los atentados era evitar que se pudiese celebrar el referéndum del 1 de octubre (los atentados tuvieron lugar sólo mes y medio antes de esa consulta). Una de las teorías, amplificada por varios voceros soberanistas, era que con ellos se pretendía provocar que el Ejército español ocupase Cataluña, en una delirante campaña de desinformación.

LAS TEORÍAS DELIRANTES

La implicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los atentados es la principal baza con que cuentan los extremistas independentistas para tratar de sembrar la duda respecto a la verdadera autoría de los atentados. Una de sus principales bazas era que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty (uno de los fallecidos en Alcanar) era un confidente del CNI, que estaba a sueldo del Estado y que le habían ayudado a perpetrar los atentados.

En realidad, los Mossos d’Esquadra habían recibido información puntual de que se estaba preparando la acción terrorista, facilitada directamente por la CIA. Y los tres principales responsables de los servicios de Información de los Mossos viajaron a Washington en el mes de junio de 2017, tras haber recibido en mayo el aviso de los norteamericanos. Además, la policía de Vilvoorde (Bélgica) alertó a los Mossos de las relaciones del imán de Ripoll con comandos terroristas. Los responsables políticos de la Generalitat llegaron a afirmar que la información recibida de Bélgica no fue oficial, sino que se produjo privadamente entre agentes (en realidad, esa alerta sobre Es Satty fue realizada al sargento Daniel Canals, responsable de Análisis Estratégico de la Brigada de Información, por lo que se habría debido abrir una investigación sobre el presunto terrorista). Además, la comunicación sobre la vinculación terrorista del imán no fue comunicada a la Policía española.

La instrumentalización de los atentados llegó a ser tal que el Parlamento catalán, con el voto a favor de los partidos independentistas, creó una comisión de investigación de los atentados, pese a que estaban siendo investigados ya judicialmente.