Un grupo de okupas entró en una vivienda de una mujer mientras la estaban enterrando. Según ha avanzado Crónica Global, la usurpación tuvo lugar horas después de que la vecina falleciera. Los hechos sucedieron en la calle de Lleida, 38. Los okupas pudieron ser arropados por el Sindicat del Barri, activistas cercanos a Barcelona en Comú, el partido de la alcaldesa Ada Colau.
Estos son los okupas a quienes la justicia investiga si presuntamente recibieron ayuda del Ayuntamiento de Barcelona. Un juez ha admitido a trámite una querella criminal del fondo inmobiliario Vauras Investment contra Colau, la concejal de Vivienda, Lucía Martín, el concejal de Sants-Montjuic, Marc Serra y la responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá por presuntas coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o usurpación de atribuciones.
HASTA OCHO PISOS 'OKUPADOS'
Lo okupas empezaron a entrar en viviendas vacías de la finca desde 2017. Entre 2017 y 2020 okuparon hasta ocho pisos. Rebautizaron la finca como Bloc Llavors y se hicieron fuertes en la misma. Hubo cuatro intentos de desalojo que el Ayuntamiento de Barcelona torpedeó asegura el propietario de la mayoría de viviendas, Vauras Investment.
Los Mossos d'Esquadra consiguieron sacar a mayoría de los okupas en el cuarto intento, este 2020, pero han quedado dos pisos okupados por un error administrativo del juzgado. Muy probablemente, la propiedad no los podrá sacar hasta 2022.
En el caso concreto de la mujer fallecida, los okupas entraron en el piso mientras se hacía el entierro. Así lo ha asegurado una vecina en declaraciones a Crónica Global. Mientras el resto de residentes daban el último adiós a Adela, "esta gente se había metido en el piso. Okuparon el piso de una vecina que acababa de morir mientras la enterraban", ha contado.
PIDEN QUE LA ALCALDESA COMPAREZCA
Las okupaciones de la calle de Lleida han derivado en un escándalo político tras la denuncia contra el consistorio por ocho delitos, entre ellos los de coacción y extorsión. El PP ya ha pedido la comparerencia de Colau, mientras que Barcelona pel Canvi, el partido de Manuel Valls, ha exigido a Martín que dé explicaciones.