La subasta de establecimientos del frente marítimo de Barcelona sigue trayendo cola. El pasado 19 de octubre, el Estado vendió 26 locales de esta zona de la ciudad por 93,3 millones de euros, lo que para las asociaciones vecinales de la Vila Olímpica y la Barceloneta supone una privatización de esta parte de la capital catalana.
Este martes, ambas entidades vecinales han comparecido junto con los presidentes de ERC y JuntsxCat, Ernest Maragall y Elsa Artadi, para denunciar que la operación se hizo de espaldas a los intereses de Barcelona, tanto a nivel económico como social. Maragall ha calificado la operación como "una traición" política y jurídica a la ciudad, y una pérdida de patrimonio para Barcelona.
'PELOTAZO'
El gran ganador de la subasta fue el Hotel Arts, que se llevó 23 de los 26 lotes a través de la gestora Hotel Vila Olímpica SA. Fue un pelotazo en toda regla por 77,7 millones, algo por encima de los 76 millones iniciales que trascendieron. El Arts, un cinco estrellas, es propiedad de los fondos de inversión ABP Investments, de capital holandés, el soberano Government of Singapore Investment Corporation (GIC), y Host Hotels & Resorts, de origen estadounidense. Estos fondos forman la inversora hotelera Archer Hotel Capital.
Entre los negocios que se pusieron a la venta figuraban el casino de Barcelona, las discotecas Pachá, Bestial y Catwalk, el restaurante McDonald's que se encuentra encima de la ronda Litoral, la gasolinera Repsol (que hay entre la playa del Bogatell y la ronda del Litoral) y 532 plazas de aparcamiento, entre ellas un lote con 318 estacionamientos. La pieza más cara fue el casino de Barcelona que se quedó el Hotel Arts por 18,4 millones de euros.
CONCESIÓN DE 30 AÑOS AL AYUNTAMIENTO
En una rueda de prensa en el frente marítimo, las entidades vecinales han recordado que durante 30 años, el Ayuntamiento de Barcelona fue el concesionario único del frente marítimo. En 1989, el Estado, titular de los terrenos, hizo una concesión a la ciudad de los 470.000 metros cuadrados del frente marítimo. La concesión acabó en junio de 2019. Desde entonces, el futuro de la zona y el de los negocios instalados allí estaban pendientes de resolverse. Los permisos a los locales también databan de la época olímpica y de años posteriores. Tras el fin de la concesión en 2019, el Estado alargó el contrato de las actividades un año más, que tocó a su fin este otoño.
El presidente de la asociación de vecinos de la Vila Olímpica, Jordi Giró, recuerda que el Ayuntamiento gastó millones de euros en construcción de locales, urbanización y mantenimiento, un dinero que ahora no recuperará. "El Ayuntamiento ha sido concesionario único durante tres décadas, un derecho que no se respetó en la subasta". Ahora, las entidades han pedido al consistorio impugnar la subasta, una información que ya fue avanzada por Metrópoli Abierta hace un mes, para que haga valer sus derechos.
INCUMPLIR COMPROMISOS
Tanto las asociaciones vecinales como los partidos han acusado al gobierno de Barcelona de incumplir los compromisos del pasado mandato de alcanzar un acuerdo con el Estado y de cambiar los usos de la zona. Giró y Manel Martínez (Barceloneta) temen que la subasta perpetuará el modelo de ocio nocturno que tanto problemas de convivencia ha comportado en la zona.
Las entidades han pedido también al consistorio que "adquiera la titularidad real" de los espacios que no se han subastado -como los establecimientos comerciales que hay debajo de la Torre Mapfre-. Tanto Giró como Martínez creen que detrás del silencio municipal hay un acuerdo con el Gobierno central que no ha sido explicado a la ciudadanía.