Protesta en el Ayuntamiento contra Eloi Badia por los acosos en Parcs i Jardins

Manifestación en la plaza Sant Miquel para pedir la cabeza de Eloi Badia. Unas 60 personas, convocadas por la CGT, se han concentrado este viernes a las 10:30 horas delante de las dependencias del consistorio y han reiterado una vez más que el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica por Barcelona En Comú en el Ayuntamiento, que es además presidente de Parcs i Jardins y está en el punto de mira tras el escándalo por el caso de acoso machista en la empresa, debe dejar el cargo por su gestión "indigna" y "pasividad" ante los abusos.

En declaraciones a Metrópoli Abierta, fuentes sindicales han insistido en que el consistorio "no puede eludir su responsabilidad" ante el acoso a dos trabajadoras y han tildado de "vergonzosa" la decisión de ascender al presunto agresor unos meses más tarde de que estallase el caso. "Esto no ayuda ni al movimiento feminista, ni a las mujeres acosadas, ni a la empresa. El Ayuntamiento tiene que hacerse responsable y dar ejemplo como Administración pública", han reivindicado.

Unas demandas que se han verbalizado de nuevo durante la lectura de un manifiesto. Bajo el lema "Basta de acoso en Parcs i Jardins", los cegetistas han denunciado que "este Ayuntamiento, presuntamente de izquierdas y feminista, conmuta penas a acosadores. Les regala un cargo y les da cursos de formación, cuando por otro lado humilla a las víctimas". Los concentrados han señalado que Badia abandonó sus funciones de supervisión, a pesar de las quejas recibidas, e ignoró las demandas de reunión que se le hicieron reiteradamente. Tampoco se abrió ningún protocolo de acoso sexual, a pesar de los informes. Por todo esto, la CGT exige que deje el cargo o lo cesen. Lo mismo para Francesc Jiménez, el gerente de la compañía.

CONDENA AL AYUNTAMIENTO

La empresa Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona fue condenada en diciembre de 2020 a indemnizar a dos de sus trabajadoras que sufrieron acoso machista por parte de su encargado, J.P.P.

Una de las víctimas relató que le había pedido que le enseñara las bragas, además de preguntarle si sabía hacer "un francés". La otra empleada aseguró que J.P.P. entraba al vestuario de mujeres sin avisar y les ofrecía ayuda para que se cambiasen de ropa. El juez negó que pudiese ser considerado “acoso sexual” pero sí consideró probada una conducta de “acoso por razón de género”, por lo que condenó al Ayuntamiento a pagar 15.000 euros a las víctimas –el tramo más bajo de una indemnización para la que ellas pidieron 40.000 euros–. Las dos mujeres han estado de baja más de dos meses por ansiedad.