El Ayuntamiento de Barcelona que comanda Ada Colau ha iniciado la tramitación de un expediente sancionador contra un propietario por cobrar un alquiler en la ciudad por encima de la renta permitida y vulnerar de esta manera la nueva ley de la Generalitat sobre los alquileres. El PP ha recurrido la normativa catalana ante el Tribunal Constitucional.
La multa la ha dado a conocer este lunes la regidora de Vivienda Lucía Martín en una rueda de prensa. La denuncia se considera grave y puede acabar con una sanción mínima de 9.000 euros. Ésta es la primera vez que el consistorio barcelonés sanciona a un propietario por poner un alquiler excesivo. Si el incremento es de menos de un 20%, la infracción se considera leve, aunque no es el caso sancionado.
EXPEDIENTES A INMOBILIARIAS Y PORTALES
En la misma comparecencia de prensa, Martín ha explicado que el consistorio ha incoado 32 expedientes sancionadores a inmobiliarias y páginas web de alquiler que si finalmente acaban en multa pueden sumar unos 96.000 euros.
La edil de Barcelona en Comú asegura que la medida "no es recaudatoria" y busca hacer cumplir la Ley catalana de contención de rentas de alquileres y evitar que se firmen contractos de alquiler con rentas superiores a las permitidas.
INSPECCIONAR Y SANCIONAR LOS ANUNCIOS
El motivo de los expedientes sancionadores a los anunciantes e inmobiliarias es por el incumplimiento obligatorio de hacer constar el índice del precio de referencia de los alquileres puesto en marcha por el gobierno autonómico.
Según el Ayuntamiento, "inspeccionar y sancionar las infracciones en la publicidad es porque son las ofertas visibles de las viviendas las que acaban fijando las condiciones del eventual contrato de alquiler". La competencia sancionadora es de la Generalitat, pero el consistorio la aplica por el principio de subsidiariedad [ver aquí la nota de prensa municipal].
ENGEL&VOLKERS, NÚÑEZ Y NAVARRO Y DON PISO
En concreto, los inspectores municipales han detectado 16 anuncios que incumplían la ley catalana. Del total, una decena corresponden a ofertas publicadas en el portal Idealista, otras cinco son de Fotocasa y otra más es de Habitaclia. A la vez, el Ayuntamiento asegura haber iniciado los pertinentes expedientes sancionadores contra las empresas inmobiliarias que hay detrás, entre ellas Engel&Volkers, Núñez y Navarro y Don Piso.
La ley catalana fue aprobada por el Parlament de Catalunya en septiembre de 2020. Sin embargo, el PP recurrió la votación y presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que lo admitió a trámite. Los populares argumentan que la cámara catalana no puede legislar en esta materia por no tener competencias. El Consejo de Garantías Estatutarias advirtió a la Generalitat en la misma línea.