Los oscuros intereses tras el proyecto del gimnasio social Sant Pau

Algo se mueve en el tema del gimnasio social Sant Pau, el equipamiento que da asistencia a más de un millar de personas en el barrio del Raval. Este histórico edificio, alquilado desde hace más de 80 años, está en peligro y su función social, también. Con el peligro de su desaparición en lontananza, el equipamiento que cumple una función social innegable se ha convertido en paradigma de la política municipal más opaca de los últimos tiempos: mientras la propiedad afloja y rebaja sus peticiones económicas, desde el consistorio se alimenta una política de presiones hacia los ocupantes del equipamiento para que sean ellos (y no el Ayuntamiento) quienes se enfrenten a los propietarios. 

El Ayuntamiento había tasado el inmueble en unos 9,5 millones de euros, que es el precio que estaba dispuesto a pagar a la familia Ensesa, la propietaria de La Gavina de S’Agaró. Hace cuatro años que propiedad y consistorio andan a la greña para negociar qué se hará con ese espacio. En los últimos meses algo se ha movido: la propiedad decidió rebajar sus expectativas y el precio exigido hace sólo unas semanas de 14 millones de euros para el solar, ahora se fija en poco más de 10 millones.

EL AYUNTAMIENTO SE DURMIÓ

En realidad, no es suficiente porque el Ayuntamiento no puede pagar más de 9,5 millones de euros porque es la tasación que tiene del solar. La diferencia no llega ni al millón de euros, pero aún así eso representa un escollo en las negociaciones. En caso de no haber acuerdo, la familia propietaria está dispuesta a finiquitar el gimnasio (da servicio a 1.076 personas que van allí a comer, dormir o ducharse) y levantar un edificio de 42 viviendas.

La oposición ha puesto el grito en el cielo ante la pasividad del Ayuntamiento, que según sus críticos ha dejado perder tres años “sabiendo que algún día la propiedad optaría por poner en marcha sus proyectos”. El gimnasio es apoyado por 57 entidades sociales, pero eso no es suficiente. Hace unos años, un grupo de entidades sociales, liderado por Habitat 3 y por tres fundaciones, intentó formalizar un pool que se quedase con el equipamiento, pero el Ayuntamiento quiso tomar la iniciativa y anunció que lo compraría la Administración local. Los responsables municipales perdieron el tiempo y la oportunidad. Nadie supo negociar. Y el precio fue subiendo con el tiempo hasta llegar a los 14 millones que pedía la familia Ensesa hace tan solo unas semanas.

MEDIACIÓN DE LA GENERALITAT

Ahora, la Generalitat intentó mediar como remedio al desaguisado cosechado por la actuación municipal. El Gobierno catalán estaba dispuesto a pagar la parte que le falta al Ayuntamiento, es decir, todo lo que sobrepasase los 9,5 millones de euros. En caso de que el consistorio no lo aceptase, propuso que una fundación privada podía hacerse cargo. Ni una ni otra solución fue aceptada por el consistorio barcelonés porque “el Ayuntamiento no puede participar en operaciones que están valoradas por encima de la tasación oficial”.

De momento, pues, se ha vuelto casi a la casilla de salida. Pero en el ínterin, se ha intentado presionar a los actuales inquilinos para que presionen ellos, a su vez, a la familia propietaria. “Es una barbaridad -explica a Metrópoli un concejal de la oposición-. Para empezar, Colau se gasta mucho dinero en otras cosas. Y se gasta millones en la expropiación de la casa Buenos Aires, pero no puede gastarse el dinero en este equipamiento, al que además tuvo que contratar para dar servicio durante la pandemia, porque eran ellos los que llevan prestando servicios sociales durante años en el barrio. A eso se le llama sectarismo. Debe de ser porque no son de los suyos”.

PRESIONES A LOS INQUILINOS

Desde la oposición se reprocha con dureza el papel del Ayuntamiento. “Es que no es solo este tema. Aquí todos están preocupados por los terrenos de Nissan. Todos menos Colau. Y por el gimnasio Sant Pau. Todos menos Colau. Para colmo, se les ha hecho llegar el mensaje de que se meten poco con la propiedad. ¡Pero si el gimnasio no hizo nunca ese discurso! Es más: la propiedad les ha dejado estar durante décadas y no ha habido problema. La culpa la tiene el Ayuntamiento, que debería haber solucionado este problema hace años”, explican fuentes de la oposición municipal a este diario.

Las presiones para adoptar una postura más beligerante con los propietarios habrían llegado no sólo desde algunos puntos del consistorio, sino también desde algunos movimientos sociales que trabajan en el barrio. Fuentes de la oposición señalan que esas presiones provienen de círculos de los comunes, que quieren monopolizar el control de la gestión de equipamientos. “Este es un proyecto social muy transversal que no ha jugado nunca a política y eso les revienta. No pueden concebir un servicio sin manipularlo ideológicamente. Aquí no se juega a especulación ni a beneficiar a cuatro familias. Y por eso no han solucionado todavía el tema”, enfatizan desde la oposición.

LABORES DE BENEFICIENCIA

Estas fuentes apuntan incluso a que desde algunos círculos políticos no se ve con buenos ojos que algunas instituciones religiosas participen en las tareas sociales del gimnasio, pero es un hecho que las labores de beneficencia de los barrios adyacentes las llevan realizando durante décadas determinadas instituciones religiosas. Y, por el momento, así seguirá siendo.