Segunda condena al Ayuntamiento por despedir a un urbano herido

La justicia ha vuelto a dar la razón a Vicenç Flores, un exagente de la Guardia Urbana de Barcelona despedido por el Ayuntamiento de Barcelona en 2009. El antiguo funcionario sufrió un accidente de moto cuando acudía a un servicio de violencia de género. Mientras estaba de baja, con una grave lesión en el pie, detuvo a la salida de un bar a un ladró que le causó una herida irreversible el pie. Flores pidió continuar en la policía desempeñando otras funciones, pero el Ayuntamiento le obligó a jubilarse. Ahora el Tribunal Superior Justicia de Cataluña (TSJC) dice que el consistorio vulneró el derecho fundamental de Flores a la igualdad y lo discriminó por su discapacidad de más del 33%.

Este barcelonés de 42 años entró en la Guardia Urbana con 21. Diez años más tarde, con 31 años, su carrera terminaba de manera abrupta. Un año después del accidente en motocicleta, mientras se recuperaba, se cruzó con un carterista que huía corriendo tras robar la cadena de una mujer mayor. Lo placó y lo retuvo, pero la intervención le destrozó el pie y le agravó las heridas que ya tenía. El Ayuntamiento lo obligó a jubilarse con una paga del 55% de su sueldo de funcionario. “Es una ayuda, con eso no se vive. ¿Tú vives con la mitad de tu sueldo?”, lanza Flores en conversación telefónica con Metrópoli .

ONCE AÑOS DE LUCHA

Once años de un periplo judicial con victorias y derrotas en diferentes instancias no han logrado que Flores tire la toalla. Juzgados de primera instancia, TSJC, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. El caso llegó, incluso, a la ONU, que en 2019 ya le dio la razón. Aseguró, entonces, el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad del organismo internacional, que el Ayuntamiento lo discriminó y recomendó que se evaluara su capacidad para permanecer en la policía realizando otras funciones.

El abogado de Flores, Rafael Cid, explica que España debería haber cumplido ya con el dictamen de la ONU, pues entienden que tiene carácter vinculante ya que España, como estado miembro, firmó un protocolo relativo a personas con discapacidad. Transcurridos seis meses sin que nada pasara, decidieron empezar un nuevo procedimiento especial por vulneración de derechos que ya han ganado dos veces (primero en un juzgado de Barcelona en noviembre de 2020 y ahora con la sentencia del TSJC).

Imagen de archivo de una promoción de la Guardia Urbana de Barcelona

INCRONGUENCIA DE COLAU

Flores denuncia que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que también es embajadora de las ciudades de la ONU, se niega a aplicar un dictamen del organismo internacional. Cid recuerda que el incumplimiento de España con dictámenes no es nuevo. Ocurre también con otros comités como el del derecho al niño. “Hay administraciones que no los considera vinculantes, pero la Constitución Española exige el cumplimiento de los derechos internacionales”, señala el letrado.

En la sentencia el TSJC riñe al Ayuntamiento. “Que los dictámenes de los distintos comités de Naciones Unidas no sean ejecutivos ni vinculantes no quiere decir que no tengan ningún valor”, advierten los jueces. El Ayuntamiento se negó a otorgar la segunda actividad al exurbano basándose en el reglamento de la Guardia Urbana, según el cuál, la función del policía no es compatible con ningún grado de incapacidad, excepto la parcial. Con una incapacidad permanente, Flores fue expulsado. El urbano discriminado creó la asociación de policías discapacitados Ail-pold, una plataforma que lucha para conseguir la reincorporación de los funcionarios heridos en servicio.

6.200 EUROS DE INDEMNIZACIÓN

El antiguo guardia urbano asegura que su situación se extiende a muchos más casos dentro del cuerpo. Que hay agentes que esconden su enfermedad para no perder su trabajo. "Hay policías patrullando con sondas y problemas de esquizofrenia. Compañeras con cáncer de pecho han sido expulsadas", relata. El barcelonés alaba los reglamentos de las policías de Palafurgell y Cerdanyola del Vallès por ser una "referencia", ya que permiten seguir en la plantilla después de sufrir un accidente laboral, o bien una enfermedad.

La sentencia del TSJC anula este decreto del reglamento y condena al consistorio a pagar una indemnización de 6.200 euros por daños morales. La víctima de este largo litigio se ha reconvertido y ahora es profesor en un centro con niños en riesgo de exclusión social. Por el camino ha desarrollado otras tareas como auxiliar de administración y técnico de prevención. Sin embargo, lo que Flores realmente quiere es volver a la Guardia Urbana. “Llegado a este punto, no me voy a rendir”.