Agentes de la Guardia Urbana detienen a un ladrón / GUB
El Ayuntamiento, obligado a reincorporar a un guardia urbano discapacitado
El agente sufrió un accidente laboral en 2009 que le obligó a jubilarse con 31 años
2 agosto, 2021 12:12Noticias relacionadas
Durante el pasado mes de mayo, un juez condenó al Ayuntamiento de Barcelona por discriminar a un agente de la Guardia Urbana. Ahora, el Tribunal Superior de Justícia de Cataluna (TSJC) ha dictado que el consistorio deberá buscar un puesto de trabajo adaptado a sus necesidades.
Un comité de la ONU instó al gobierno municipal a hacerlo, pero el cuerpo policial no obedeció. Por ello, el TSJC ha intervenido para obligar a buscar una "segunda actividad" para el agente.
MULTA POR DAÑOS CAUSADOS
En su sentencia, el alto tribunal catalán recuerda que aunque los dictámenes de los comités de la ONU no son vinculantes, el Tribunal Constitucional ha recordado más de una vez que "las normas relativas a derechos fundamentales y libertades públicas se han de interpretar de conformidad con los tratados internacionales".
Por lo tanto, esto pasa por encima de un artículo del reglamento de la Guardia Urbana que impide conceder la segunda actividad a los declarados incapacitados, excepto a los parciales. Además, los magistrados condenan al Ayuntamiento a pagar 6.225 euros por los daños morales causados.
ACCIDENTE LABORAL
Los hechos se remontan al mes de mayo de 2009. El agente iba con su moto policial hacia el mercado municipal del barrio del Poblenou, donde un hombre estaba golpeando a su mujer. En el cruce de las calles Pallars y Llacuna un vehículo le embistió y lo desplazó 16 metros.
Un año después, aún de baja, se encontraba en una cafetería de la calle de Sants cuando un carterista que acababa de robar una cadena de oro a una mujer huyó. El hombre se levantó y se lanzó encima del ladrón para retenerlo, pero el pie afectado en el accidente se le acabó de fracturar. Además, le quedaron dolores de espalda como secuela.
INCAPACIDAD PERMAMENTE LOCAL
La Seguridad Social determinó que su incapacidad permanente total le obligaba a jubilarse con 31 años, con un sueldo del 55% de lo que cobraba. En 2010 le expulsaron del cuerpo y entonces comenzó una batalla judicial.
El Comité de la ONU sobre los derechos de los discapacitados consideró en 2019 que se había vulnerado su derecho a la igualdad y recomendó al consistorio que recolocase al agente en otro puesto de funcionario municipal.
RECURRIR A LA JUSTICIA
El policía trasladó la petición de la ONU al Ayuntamiento. Ante la negativa de actuación, volvió a recurrir a la justicia y ahora el TSJC ha certificado su posicionamiento.
La Associació per la Inclusió Laboral dels Policies Locals amb Discapacitat (AIL-PoLD), presidida por el afectado, espera que la decisión sirva de precedente para otros casos similares pendientes de cumplimiento.
