Una denuncia del sindicato de la seguridad privada ADN Sindical ha obligado a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a cumplir la Ley de la Seguridad Privada. El ente metropolitano del transporte realizaba el servicio de vigilancia privada de manera irregular, pues no estaba habilitado profesionalmente para efectuar este servicio.
El 31 de mayo de este año, el sindicato puso en conocimiento de esta situación a la Dirección General de Administración de Seguridad, que depende del Departamento de Interior de la Generalitat. En su respuesta, cinco meses después, este organismo señala que el responsable de seguridad de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA "reaccionó efectuando las comunicaciones de delegación de funciones del personal que ejerce como jefe de seguridad privada en las paradas y los convoyes del metro".
"TIRÓN DE OREJAS"
En la comunicación entre el organismo de seguridad de Interior y ADN Sindical, el primero deja claro que la rectificación de TMB se efectuó "a requerimiento de esta dirección general". Desde la Generalitat señalan que el operador del metro "ha procedido a efectuar las comunicaciones pertinentes de delegación de funciones del personal que ejerce funciones propias de jefes de seguridad privada tal y como determina la normativa vigente".
Fuentes del sindicato aseguran que el operador del transporte público se podría haber ahorrado "ese tirón de orejas" si hubiera hecho caso a su organización de trabajadores. A preguntas de Metrópoli, un portavoz de TMB explica que la empresa pública "ha acreditado que todos los coordinadores de seguridad y el personal técnico del departamento de Seguridad y Protección Civil del Metro disponen de la titulación y están habilitados como directores de seguridad por el Ministerio de Interior".
Un vigilante de TMB en un bus de la línea 47, la más afectada por los carteristas / METRÓPOLI ABIERTA
Un vigilante de TMB en un bus de la línea 47, la más afectada por los carteristas / METRÓPOLI ABIERTA
Desde el operador del transporte público subrayan que se trata de un procedimiento de "información previa" y que la compañía "cumplía con el precepto legal de comunicación al cuerpo de los Mossos d'Esquadra, competente en materia de seguridad ciudadana en Cataluña".
TMB: "YA CUMPLÍAMOS LA LEY"
TMB recibió a mediados de septiembre el sello de la Policía Nacional que habilita a su jefe de seguridad a desempeñar las funciones de vigilancia privada en las instalaciones del metro. Así lo marca la Ley de la Seguridad Privada. "De manera adicional, a instancias del Departamento de Interior, TMB ha formalizado esta delegación de funciones ante el Cuerpo Nacional de Policía", argumenta el portavoz de la empresa del metro. Desde el ente metropolitano entienden que la acusación de "abuso de autoridad" formulada por ADN Sindical queda desechada y que la empresa ha cumplido con "el único trámite administrativo solicitado por el Departamento de Interior.
¿Qué dice la Ley? El artículo 99 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, dice lo siguiente sobre las delegaciones de funciones de los jefes de seguridad: "Estas delegaciones de funciones se documentarán mediante solicitud remitida a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, que registrará, si procede, la correspondiente aceptación, que deberá exhibir el interesado ante los miembros de los Cuerpos de Seguridad que se lo requieran”.
PROTOCOLOS DE ACTUALIZACIÓN
Desde la organización de trabajadores explican que ha pedido en numerosas ocasiones y sin éxito una reunión con los responsables de TMB. Una de las demandas del sindicato es la actualización de los protocolos de actuación con el objetivo de que los vigilantes realicen una "seguridad para que el ciudadano pueda ir tranquilos en transporte público".
ADN Sindical también denuncia que la Generalitat tiene un trato diferente con las administraciones públicas que con las empresas privadas. "Si se hubiera tratado de una empresa de seguridad seguro que la hubieran sancionado. En este caso, sólo han advertido", se queja. Sánchez también denuncia que el Departamento de Interior no convoca el Consejo de Coordinación de Seguridad Privada desde hace cuatro años.