José María Rodríguez y Felipa Flores luchan, desesperados, para frenar su desahucio, que estaba programado para el próximo martes, 8 de febrero, pero que se ha paralizado hasta dentro de un mes. Padres de tres hijos, dos de ellos menores de edad, la pareja denuncia el abandono de las administraciones en su caso. "Hemos solicitado ayuda a los Servicios Sociales, a la Oficina de la Vivienda, al Ayuntamiento, al Consorcio de Vivienda, al Síndic de Greuges... Nadie ha hecho nada por nosotros", comenta compungido a Metrópoli el padre de familia.
José María y Felipa, ambos con trabajos estables hace unos años, entraron a vivir el 5 de marzo de 2019 en un piso de la Bolsa de Viviendas de Alquiler de Barcelona. En este caso, los propietarios del piso, los hermanos Labori Cros, lo cedieron al programa de la Bolsa de Alquiler del Ayuntamiento de Barcelona. Fue el Consorcio de Vivienda de Barcelona, en el que intervienen el consistorio y también la Generalitat, el que gestionó el contrato, medió en el acuerdo, y el alquiler mensual se fijó en 850 euros. Sin embargo, poco después, el inicio de la pandemia trastocó sus planes y, con Felipa en ERTE y José María de baja por depresión, pronto la familia no pudo hacer frente al alquiler.
DESAHUCIO APLAZADO EN NOVIEMBRE
La situación se ha enquistado hasta el punto de que la familia acumula una deuda por impago de 14.000 euros. Este es el segundo desahucio que se paraliza: en noviembre de 2021 fue el primero. En ambas ocasiones, la abogada de oficio de la familia ha conseguido demostrar la vulnerabilidad del caso, una "burbuja de aire". "Estamos esperando a que la mesa de emergencia nos adjudique una vivienda social, dada nuestra situación".
Una falsa esperanza. Según los datos de la Mesa de Valoración para la adjudicación de este tipo de viviendas, que depende del Consorcio de Vivienda Barcelona, las familias que ya tienen una valoración positiva y que esperan un piso asciende a 609 unidades. Un tiempo de espera, por tanto, que podría prolongarse años.
Interior del piso donde vive la familia Rodríguez Flores / CEDIDA
UNA PENSIÓN DE ALTERNATIVA
José María asegura que, después de meses presentando la documentación requerida a las diversas administraciones, la única alternativa que Servicios Sociales les ha ofrecido es la de pagarles una pensión. "No entiendo que me paguen una pensión durante un tiempo, pero no me ayuden con el pago del piso". Un placebo que solo duraría unos meses, como mucho.
Según ha podido saber Metrópoli, la Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona, que depende del Consorcio, también les habló al matrimonio del programa Reallotjem. Una opción que pasaría por implicar a la Generalitat en el contrato. Sin embargo, la familia necesitaría tener aprobada una mesa de emergencia, requisito que aún no se ha dado.
AUSENCIA DE LA MESA DE EMERGENCIAS
En un encuentro entre la pareja y los técnicos de la Bolsa, ellos les informaron de que, si el desahucio se llevase a cabo, la familia podría optar a la tan ansiada vivienda de emergencia social. Sin embargo, nadie de la mesa acudió a la reunión para solventar las dudas de los inminentes desalojados. Al contrario, delegaron la responsabilidad en la Bolsa, tal y como admitió la técnica presente: "Me han pasado la documentación para que yo la valore sin ser yo de mesa de emergencia".
La misma técnica, en la conversación a la que ha tenido acceso este medio, manifiesta su desconfianza hacia los ingresos de la familia: "Nos plantean que vuestros ingresos en total son de 2.500 euros, incluido el sueldo de vuestro hijo mayor, que trabaja. Tenéis capacidad económica para ir al mercado privado". Una afirmación que desata la indignación de José María y Felipa: "Ella está empezando a cobrar ahora el ERTE, 400 euros, y yo estoy de baja. Mi hijo no gana ni 300 euros y con eso se paga los estudios. Hay que comer", desmiente él.
"YO NO LES CUENTO LAS PENAS DEL PROPIETARIO"
La situación de la familia es dramática, pero aún lo es más el trato recibido por parte de los responsables. La pareja no supo cómo reaccionar ante la contestación de una técnica de la Bolsa cuando ellos le expusieron su situación: "Bueno, yo no os cuento las penas del propietario al que no le estáis pagando el alquiler". Ante la queja de José María por haber ido a "mil sitios" para solicitar ayuda, la trabajadora solo dijo: "No porque vayas a más sitios conseguirás nada".
Desde la Bolsa aseguran no poder hacer nada "a estas alturas" por el caso de José María y Felipa: "No podemos hablar con los propietarios porque ya hay una sentencia". La responsabilidad ahora, transmiten, recae en que la abogada de la pareja consiga que se les reconozca la vulnerabilidad par frenar el desahucio. Algo que contradice la versión que le dieron a la familia en la Oficina de Vivienda, donde les dijeron que se podía mediar con los propietarios.
Los tres hijos del matrimonio Rodríguez Flores / CEDIDA
¿SEGUIMIENTO?
Un equipo de intervención de la Bolsa de Vivienda estuvo presente en la firma del contrato y el mismo equipo debía de encargarse del seguimiento del pago del alquiler. En este aspecto, el Ayuntamiento defiende que "el programa asegura el pago de la deuda al propietario". En la misma línea, la administración cree que, en el momento en el que se comenzaron a producir los impagos, un integrante del equipo tuvo que ir al domicilio. "O deberíais de haber recibido alguna carta". Sin embargo, José María asegura que nadie fue a verlos ni han recibido ningún escrito. El seguimiento del caso brilla por su ausencia. El hombre también afirma que lo primero que hicieron cuando recibieron la carta de desahucio fue dirigirse a la Oficina de la Vivienda para solicitar ayuda a la asistenta social, "pero solo nos dieron una ayuda de alimentos".
El Ayuntamiento ha hecho saber a este medio que están negociando y mediando con la propiedad de la vivienda "para que permanezcan en el piso y este se siga destinando a alquiler asequible".