El desahucio de un piso vinculado al narcotráfico enfrenta al Raval

El 4 de noviembre Patricia (nombre ficticio) no estaba en casa, pero una vecina le escribió por Whatsapp con una noticia que llevaba años esperando: "Están desahuciando uno de los dos pisos". Patricia no celebró, en absoluto, que dos niños y su madre se vieran en la calle, pero como el resto de vecinos del número 9 de la calle de Om –una finca del Ayuntamiento– encajó positivamente el desalojo judicial.

El lanzamiento cortaba –aunque fuera solo un poco– las alas de un grupo de narcotraficantes que tiene al bloque atemorizado. Fuentes vecinales señalan que utilizan dos pisos para el trapicheo, una de estas, era la vivienda desalojada dos semanas atrás. El desalojo, celebrado a posteriori y con la boca pequeña por la mayoría del edificio, tuvo el rechazo de la entidad antidesahucios Sindicat de l'Habitatge del Raval (SHR) que intentó, sin éxito, frenarlo, a pesar de la petición de los vecinos de desistir en el intento.

TRES INTENTOS DE OKUPACIÓN

Patricia ha sufrido en su propia carne las amenazas, insultos e intimidaciones de este grupo organizado. En marzo de este año intentaron okupar su casa tres veces en una sola semana, una situación límite que movilizó a tres consejeras de Ciutat Vella de tres partidos distintos (ERC, JxCAT y Ciutadans). El Ayuntamiento respondió, entonces, que "impulsaba procedimientos judiciales para expulsar a residentes relacionadas con actividades delictivas". El pasado 4 de noviembre, el juez ejecutaba el desalojo de una de estas dos viviendas, ubicadas en la segunda planta.

Santi González del grupo de acompañamiento de la familia desalojada del Sindicat, afirma rotundamente que esta unidad familiar de origen marroquí no tiene ningún vínculo con el narcotráfico ni con las personas que solían vender droga. Dice que pagaron 2.000 euros por las llaves de la vivienda hace seis meses y que han sido engañados por las denominadas mafias de la okupación. Desconocían que el edificio es propiedad del IMHAB (Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona). 

"LA OKUPACIÓN NO ERA CASUAL"

"La okupación no era casual", insisten fuentes del número 9 de la calle de Om, que subrayan los "vínculos" existentes entre la familia y el grupo de traficantes. Aseguran que la familia se instaló hacía unos meses, pero que en ese momento ya había una mujer y su hija, las ocupantes que llevaban más tiempo en el apartamento. Esta segunda unidad familiar tiene relación directa con el trapicheo a través del marido de esta mujer, aseguran los residentes. El marido era uno de los que participaba directamente del trapicheo, pero abandonó el piso por una orden de alejamiento contra alguien del edificio. La presencia de una nueva familia sin recursos respondería a un intento de evitar el inminente desalojo, según la versión que relatan estas fuentes.

Santi cuenta que la mujer desalojada se desmayó ante la presencia de dos policías de paisano que le informaron que debía abandonar el inmueble. "No pudieron recoger sus cosas y a día de hoy aun esperan la autorización de Habitatge para hacerlo", comenta. Convocados por el Sindicat a través de Twitter, una veintena de activistas se acercaron hasta la calle de Om para intentar evitar el desahucio. La madre estaba llevando a su hijo al colegio y ahora no tiene casa. Estamos confrontando a la policía. La situación es tensa", escribió. Ningún vecino abandonó su casa para apoyar al colectivo pro vivienda.

"¿DÓNDE ESTABA EL SINDICAT ENTONCES?"

"¿Dónde estaba el Sindicat cuando hemos sufrido el tráfico de drogas o cuando han intentado entrar en el piso de un vecino en tres ocasiones?", se pregunta Patricia, que acusa a la entidad de actuar de manera "perversa" y reprocha al colectivo que no se informara previamente del contexto del caso. "No quisieron hablar con los vecinos". Desde el Sindicat, Santi traslada la misma acusación, pero referida a los ocupantes. "¿Han hablado con la familia?", se pregunta. El activista sostiene que el padre trabaja en la construcción, que ha visto sus nóminas y que espera regresar al piso para recuperar las herramientas.

Con el desahucio, los vecinos se veían a un paso más cerca de terminar con la actividad delictiva de este grupo de personas que utilizaron a un menor para traficar. El Ayuntamiento coincide con Patricia y las denuncias sobre la delincuencia relacionada con la vivienda en cuestión. "Se desalojó por un histórico de denuncias de vecinos por la conflictividad y problemas de convivencia relacionados con delitos", señalan fuentes municipales. La entidad antidesahucios, sin embargo, puso el grito en el cielo porque la policía estaba echando a un matrimonio con tres hijos, dos de ellos menores (11 y 17 años). 

"Yo no digo que no se traficara, pero eso fue antes de que esta familia empezar a vivir en el piso. Allí no entraba nadie más que no fuera parte de la familia", mantiene Santi. Un vecino asegura que días antes del desahucio colocaron unas sábanas a modo de cortina para "ocultar" el movimiento de personas en el interior.

ENFRENTAMIENTO EN LAS REDES

Las redes sociales canalizaron el enfrentamiento entre el SHR y varias asociaciones y plataformas vecinales, que cargaron contra la acción de los antidesahucios y su "actitud". Acció Raval, entidad que ha liderado la lucha contra los narcopisos del Raval, criticó en un comunicado la "decisión unilateral" del Sindicat "sin tener en cuenta el calvario que vienen sufriendo los vecinos". Criticaron los "insultos" y "descalificaciones" de los activistas contra vecinos porque "esto no hace más que perjudicar a vecinos y colectivos antidesahucio", y reclamaron una postura más "dialogante" y menos "excluyente". La raíz del problema, apunta la plataforma, "no es otra que la especulación inmobiliaria y el modelo de ciudad que lo alimenta".

El Tsunami Veïnal, que agrupa a 40 entidades y colectivos de 20 barrios de Barcelona, elevó sus críticas y acusó al SHR de crear un "clima de tensión social" en lugar de acercar posturas. "La lucha por el derecho de la vivienda no puede verse perjudicada por actuaciones como esta. [...] Ante la ignorancia decidieron atacar a los vecinos", escribieron en otro comunicado. Fem Gòtic denunció que el Sindicat hizo "caso omiso" de los vecinos que pedían "desesperadamente" que se marcharan e hicieron una "firme condena" por los "insultos" lanzados. 

CRÍTICAS A DISCURSOS "RACISTAS"

"Yo estaba allí y no hubo insultos", explica Santi, que reivindica el espíritu del SHR y su acción. "Entiendo el sufrimiento que causen los narcos a los vecinos. Yo mismo he desalojado a narcotraficantes, pero ahora está de moda decir que todos son narcos. [...] Estas situaciones nos las encontramos constantemente. Siempre hablamos de vecinos blancos señalizando a gente racializada. Se están equivocando. Yo me he equivocado en el pasado cuando intenté evitar un desalojo de un mafioso, pero prefiero equivocarme con un piso conflictivo que permitir que gente vulnerable se quede en la calle".

El perfil del Sindicat en Twitter denunció el "discurso racista y clasista y de limpieza social" de estas entidades, que "no se encuentran lejos de la extrema derecha". Patricia niega cualquier acusación de racismo. "Aquí la mayoría de vecinos son inmigrantes. De todos modos, nadie se puede saltar una lista del alquiler social porque sí. Hay mucha gente esperando un piso", replica. 

UNA FAMILIA EN LA CALLE

El desalojo llegó al Parlament en una intervención del diputado de la CUP, Xavi Pellicer, sobre la autoridad de los Mossos d'Esquadra en el que criticó el lanzamiento "sin previo aviso" de la familia. 

De vuelta al Raval, enfrentamiento vecinal a parte, el desalojo en la calle Om deja a un matrimonio, dos chicas de 17 y 19 años y un menor de 11 años en la calle. Ajeno a las discusiones entre las entidades, hoy, el chaval estudia en la pensión donde ha sido realojado por los servicios sociales del Ayuntamiento. La familia, una pelota de tenis en este partido entre vecinos, activistas, narcotraficantes, policías y administraciones, vuelve a la casilla de salida en su intento de empezar una nueva vida en Barcelona.