Desalojo frustrado en un edificio del Ayuntamiento en Nou Barris

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona han acudido esta mañana al barrio de Can Peguera (Nou Barris) para desahuciar a una pareja (un hombre y una mujer embarazada) que han okupado una de las denominadas casas baratas este fin de semana. La vivienda es propiedad del Ayuntamiento y estaba reservada para adjudicar a una familia en la lista de espera de la mesa de emergencias, según fuentes municipales.

Un grupo de mediadores ha llegado al número 2 de la calle Flaçà para hablar con los ocupantes que se han negado a abandonar el domicilio. Poco después han llegado agentes de la UREP de la policía barcelonesa, la unidad con formación en orden público que suele acudir a los desalojos ordenados por el consistorio. El Sindicat del Habitatge de Nou Barris cualifica el desalojo de "ilegal" y ha denunciado el caso en las redes sociales.

TREINTA VECINOS IMPIDEN EL DESAHUCIO

Un portavoz municipal informa a Metrópoli que el consistorio ha activado el servicio de mediación para que abandonen la vivienda y lograr una salida pactada, así como evaluar la "situación de vulnerabilidad" y la activación de recursos de atención necesarios. "Se trata de una vivienda pública recuperada este noviembre, pendiente de hacer las reparaciones correspondientes para adjudicar a una familia a la espera de la mesa de emergencias y que ha estado ocupado de manera irregular este mismo fin de semana", señalan desde el gobierno municipal.

Una treintena de vecinos han impedido el paso de los policías que han abandonado momentáneamente el lugar. A las 14.00 horas no había ningún vehículo policial. Fuentes vecinales aseguran que los guardias no han mostrado la orden administrativa de desalojo en ningún momento.

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Los residentes de Can Peguera denuncian que la policía redactó una denuncia asegurando que había detectado a la pareja entrando in fraganti. Sin embargo, rechazan la versión policial porque de ser así, dicen, les hubieran echado al momento al detectar la comisión de un delito.

La pareja, que está dispuesta a pagar un alquiler, ha contactado con la regidora de Vivienda, Lucia Martín, para reclamar una alternativa al desahucio.