"Las personas con movilidad reducida nunca hemos podido disfrutar de las playas como el resto de ciudadanos", asegura Cristina Garcia, miembro de la Comisión de Playas y de la Plataforma de Accesibilidad a las Playas de Barcelona, que colabora con el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad.

Garcia denuncia a Metrópoli que, en los cinco años que llevan luchando para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad a las playas barcelonesas, "no han obtenido ninguna actuación contundente por parte del Ayuntamiento".

INTERMEDIARIOS

Según Garcia, cada vez que presentan una queja el consistorio "recurre a los intermediarios". "Colocan a una persona que no tiene capacidad de decisión para implementar ningún cambio y, al final, su única función es escuchar nuestras quejas sin respuesta", explica.

La Plataforma de Accesibilidad a las Playas de Barcelona ha presentado numerosas quejas al gobierno de Colau alegando que no hay zonas suficientes para personas con movilidad reducida y que, además, los espacios existentes no están en buen estado y hay muchas carencias. 

Estado de las plataformas para acceder al agua / CEDIDA

DOS MODELOS DE PLAYAS ACCESIBLES 

No obstante, el Ayuntamiento cuenta con un proyecto de playas accesibles y asegura que existen dos modelos de playas accesibles en Barcelona. Por un lado, las playas accesibles que facilitan el acceso a todos los usuarios y en especial a a aquellos que tienen alguna limitación en su movilidad. Estas, según el gobierno municipal, "incluyen servicios como las reservas de aparcamiento con itinerarios accesibles hasta la playa seca o con pasarelas de madera que llegan lo más cerca posible del agua". En este sentido, Garcia asegura que, de las tres playas disponibles en Barcelona, tan solo una cuenta con el módulo accesible –la de Nova Icària–.

Por otro lado, también explican que hay las playas accesibles con servicios especiales de apoyo al baño, que ofrecen "ayuda personal y técnica para poder acceder al agua". Según la Plataforma de Accesibilidad, sí que existe este servicio pero, de forma general, "los trabajadores no están preparados". 

Trabajadores en las playas para personas con movilidad reducida / CEDIDA

ASISTENCIA Y MATERIALES 

Garcia denuncia una grave problemática en esta asistencia que el gobierno municipal garantiza en las zonas habilitadas. "El personal que ayuda a las personas con discapacidad, que en muchos casos son niños que no pueden moverse, no puede con ellos y pueden estar en peligro", asegura. 

Según varios afectados, durante el proceso de selección de personal no se tiene en cuenta que tendrán que estar preparados para contribuir a la movilización de las personas con movilidad reducida. Garcia remarca que han emitido muchas quejas al Ayuntamiento por esta polémica: "Como en el resto de demandas, no hemos visto ningún cambio", lamenta.

PROBLEMÁTICA POST-COVID

A pesar de que la problemática en las playas adaptadas existe desde hace años, la Plataforma ha notado una situación más preocupante a raíz de la pandemia del coronavirus. Con la llegada del temporal Gloria, se perdieron dos playas adaptadas: la de la playa de Llevant y la del Hospital del Mar. Estos espacios nunca se han recuperado y su desaparición ha hecho que casi toda la población afectada se concentre en la playa de la Nova Icària. En los dos últimos veranos, con las medidas del coronavirus vigentes –que contemplaban la distancia mínima entre usuarios– se "formaban aglomeraciones en plenos repuntes de la pandemia", explica Garcia. 

Además del espacio más frecuentado, también tienen una playa en Sant Miquel y en el Fòrum. No obstante, en ambas hay "muchas dificultades" para facilitar el acceso. En ninguna de las dos playas hay un módulo accesible. En el caso de la playa del Fòrum, no se puede llegar en transporte público y en la de Sant Miquel, no hay aparcamiento y tan solo es útil "para los vecinos que viven cerca". 

Parkings adaptados con la pintura borrada en la playa de Sant Miquel / CEDIDA

LAVABOS Y VESTIDORES 

Las asociaciones también denuncian el "gravísimo" estado de los lavabos y. vestidores de las playas, de absoluta necesidad –sobre todo para los niños– en las zonas adaptadas.

"Son insuficientes, sucios y pequeños", denuncia Garcia. Además, en el caso de la playa del Fòrum, se encuentran a más de 100 metros de las zonas de baño, una distancia inconcebible para muchas personas con movilidad reducida.

MENOS DÍAS DE SERVICIO

Por otro lado, una de las cuestiones que más afectan al colectivo es que las personas con movilidad reducida pueden acceder a las playas menos días que el resto de los ciudadanos. Mientras el servicio de socorrismo convencional está habituado desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre (153 días con horario ininterrumpido), el servicio a personas con discapacidad tan solo está disponible del 14 de junio al 12 de septiembre: 94 días. 

Además, el horario es distinto para los afectados: tan solo pueden estar en la playa de 11:00 horas a 12:30 horas y de 15:30 horas a 18:00 horas. "Por no hablar de los carteles, que indican una zona preferente y no exclusiva para personas con movilidad reducida", explica Garcia. 

Diferencia entre los carteles para personas con movilidad reducida en Blanes y en Barcelona / CEDIDA 

CARTA A COLAU 

Tras cinco años de lucha y múltiples denuncias sin respuesta, cuatro asociaciones se han reunido para solicitar una reunión presencial con el consistorio para escuchar su versión "sin intermediarios".

En una carta dirigida a Ada Colau, las entidades han planteado aplicar un presupuesto de 150.800 euros para cubrir todas sus necesidades. 

PRESUPUESTO

La Plataforma de Accesibilidad a las Playas ha elaborado un presupuesto orientativo con la empresa AUNAR –especialista en baño adaptado– que han presentado en la misma carta y que esperan "que pueda llegar a debatirse". 

Solicitan abrir un punto nuevo en la playa (20.800 euros), ampliar el calendario de servicio un mes (22.000 euros, por el sueldo de los trabajadores) y la compra de 3 cambiadores (108.000 euros). 

"Teniendo en cuenta que el verano pasado se renovaron los puntos de vigilancia y costaron 1.450.000 euros, creemos que es una cantidad baja para un colectivo que incluye a 150.000 personas en Barcelona", denuncian. "Somos parte de la ciudadanía y queremos disfrutar de las playas, porque las necesitamos y las queremos", concluyen. 

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