Tomás Sánchez Pacheco ha cosechado víctimas por una parte importante de la geografía española. Definido por los Mossos d’Esquadra como un “estafador profesional”, las artimañas de este gaditano han surtido efecto en decenas de personas y empresas. Desde el 19 de enero duerme entre rejas como consecuencia de una investigación de la policía catalana que descifró las operaciones del grupo criminal que lideraba. A la espera del juicio que se celebre por los supuestos delitos cometidos en Barcelona, un juez de Madrid ha condenado a este hombre a tres años de cárcel por una estafa de 2018 durante el traspaso de una cafetería. Esta es la segunda condena con pena de prisión para Tomás, un delincuente que ha hecho del engaño su oficio.
El timo que le ha acarreado la segunda sentencia firme gira alrededor del traspaso del café Farmacia, un agradable establecimiento del barrio de Malasaña de la capital española. El negocio iba viento en popa. Los clientes hacían cola para toma café, infusiones y tartas en este histórico local ubicado en un edificio de 1820 que en el pasado acogió a una farmacia. Tomás detectó el éxito del café y posó sus tentáculos sobre los dos socios que lo gestionaban desde hacía dos años.
UN 'MÉDICO DEL CSIC'
Fuentes cercanas al caso explican que el condenado se pegó a los propietarios del negocio durante un año con un solo objetivo: generar confianza para lograr la compra de la empresa. Muchas conversaciones se desarrollaban en el mismo café, donde uno de los socios pasaba largas horas trabajando en otro proyecto empresarial. El delincuente se presentaba como un médico del CSIC, con muchas propiedades y procedente de una familia de Cádiz dedicada con larga tradición en el sector de la hostelería. Todo era humo, pero las víctimas cayeron en la trampa. Ocurrió en el pasado y seguiría sucediendo hasta 2021.
El 24 de mayo de 2018 se consumó el engaño. Junto a su socio y entonces pareja José Enrique González García firmaron el traspaso del negocio Ra&Ra Shop S.L. Lo hizo su novio porque Tomás argumentó que su cargo como “empleado público” se lo impedía. Pocos días después del traspaso en una notaría, las dos víctimas descubrieron que los cheques no tenían fondos. Empezó entonces un “infierno” que, de algún modo, ha visto el inicio de su fin tras la sentencia. Para las víctimas –que solicitaban una pena de cárcel de 16 años por tres delitos más (usurpación, apropiación indebida y adminstración desleal)– la sentencia del juzgado de lo penal número 22 de Madrid se queda corta. Sin embargo, empiezan a pasar página de un oscuro capítulo de sus vidas.
INTENTO DE ESTAFA EN POBLE-SEC
El método de la falsa compra utilizado en el café Farmacia ha sido un recurso muy explotado por Tomás Sánchez. Lo conocen bien en una inmobiliaria del Poble-sec de Barcelona que el verano pasado cayó en sus artimañas cuando el hombre alquiló un piso de la avenida del Paral·lel sin abonar un solo euro. Este es uno de los casos que los Mossos investigaron en 2020 y 2021. A los investigadores les llamó la atención su perfil por llevar una vida discreta sin grandes casos. “Es un especialista. No todos los estafadores tienen esta alta capacidad. Es una persona muy segura de sí misma, con un relato muy coherente”, explicaba el 2 de febrero a Metrópoli el inspector Israel García.
El café Farmacia, en el barrio de Malasaña / GOOGLE MAPS
Tras desplegar sus particulares habilidades en Andalucía y Madrid, durante la pandemia se instaló en la Ciudad Condal. Aquí intentó seguir con el engaño destinado a espacios coworking. Una de estas oficinas, ubicadas en el centro de la ciudad, le reclamó los 2.000 euros del alquiler de la salas después de detectar una transferencia falsa, pero Tomás desapareció. En este caso se hizo pasar por un cirujano. El último objetivo de este engaño sería la compra de material informático para montar supuestos coworkings sanitarios. La reventa de estos equipos informáticos le hubiera reportado unos cuantiosos beneficios.
OKUPACIÓN
En el timo de Madrid, la sentencia acredita que el condenado solicitó un préstamo a un banco de 15.000 euros, “transferencias urgentes de 4.7350 euros, reintegros de 7.500 euros y una transferencia de 1.000 euros que en ningún caso guardan relación empresarial” con el la cafetería. “En pocos días vaciaron 10.000 euros de la cuenta”, señalan las mismas fuentes conocedoras del caso.
Tres semanas después de descubrir el engaño, el 15 de junio los socios del café Farmacia lograron recuperaron el negocio. El 11 de julio saltó la alarma del local. Tomás se había colado en el local y había cambiado la cerradura. Cuando llegó la policía, los agentes comprobaron que su socio –su novio– aun figuraba como administrador. Una vez más, el defraudador hizo gala de los conocimientos sobre los procesos administrativos, pues el acceso telemático del Ayuntamiento de Madrid al registro mercantil tardaba tres semanas en actualizarse. En la sentencia, el juez asegura que “queda acreditado que engañaron a los policías que no tenían acceso a la versión actualizada del registro mercantil”.
720 EUROS DE MULTA
Por esta okupación, a Tomás también le han condenado por un delito leve de usurpación. Considera el juez que no se empleó violencia. La pena se traduce en una pena de cuatro meses de multa con una cuota diaria de seis euros (720 euros en total). A los legítimos administradores del negocio les costó un año desahuciar al timador. Durante este tiempo, los dos timadores destinaron el café para vender comida y alcohol, algo que no les permitía la licencia como cafetería.
En la sentencia, un testigo describe que el cambio de la gestión del bar a raíz de la okupación conllevó una "situación complicada, irregular o lo que fuera". Otro testigo, un camarero, aseguró ante el juez que no le pagaron el sueldo de dos meses. Lo acabó asumiendo con su propio dinero una de las dos víctimas. El juez termina el texto relatando que la "planificación tramada por ambos acusados para inducir a error a las víctimas se puede considerar compleja y elaborada".
SEGUNDO CALVARIO
Los administradores del café vivieron un segundo calvario –que aun no ha terminado– cuando el propietario del local les denunció por impago del alquiler del espacio. Un pago que era imposible de realizar debido a la okupación de Tomás y su pareja. La propiedad les reclama por ello 35.000 euros después de ejecutar un aval de 16.000 euros y una fianza de 4.000 euros. Esta lío jurídico, que podría llegar al Tribunal Supremo –y que podría ocupar un nuevo artículo– es una consecuencia más de las estafas de Tomás Sánchez Pacheco.