El Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona ha atendido este viernes las demandas de las antiguas pajarerías de la Rambla, y ha autorizado que se mantengan al menos hasta el 10 de octubre. Ese es el día en que termina el periodo para recoger las 50.000 firmas necesarias para una iniciativa legislativa popular (ILP) que podría protegerlas. Todo esto, con el Ayuntamiento en contra, que quiere desahuciarlas.
La intención del consistorio era desalojar de forma inminente los 11 kioscos que permanecen en la Rambla, reconvertidos en tiendas de souvenirs y otros productos desde el 2009, cuando se retiraron todos los animales. De hecho, la alcaldía quiere que se hayan ido todos antes incluso de la reforma urbanística prevista, que comenzará este 2022 por la parte del monumento a Colón y no alcanzará la zona más alta del paseo hasta 2029.
LA ILP EVITA SU EXPULSIÓN INMEDIATA
A finales de febrero estaba casi todo listo para echarlos, y los vendedores fueron notificados. Pero lo rechazaron, se mantuvieron en su actividad e iniciaron una nueva campaña para evitar su expulsión: una ILP, para que sean declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial, que se debe tramitar en el Parlament. Tienen que pasar 120 días hábiles para que sus impulsores recojan todas las firmas necesarias y la acción siga adelante. Mientras este proceso siga en marcha, el juez considera que las antiguas pajarerías no pueden ser expulsadas.
Además de paralizar su desahucio, el juez ha invitado a las partes a participar en una mediación para llegar a una solución dialogada. Una petición que los antiguos pajareros aceptan pero que la alcaldía ya rechazó en marzo porque las licencias otorgadas en 1971 ya están caducadas.