La oposición a Colau ante la nueva querella: "Por dignidad debe dimitir"

La nueva querella contra Ada Colau, ahora por prevaricación administrativa y coacciones, que la obligará a tener que declarar por segunda vez como investigada, ha llevado a Ciutadans a pedir la dimisión de la alcaldesa. "Por dignidad y por Barcelona solo puede hacer una cosa: dimitir", ha dicho la presidenta del grupo naranja Mariluz Guilarte. También Valents, que lidera Eva Parera, ha reclamado la marcha de Colau. 

Detrás de esta nueva imputación está la denuncia del fondo de inversión Vauras Investment por el caso del Bloc Llavors, en el Poble-sec. El edificio fue okupado por familias vulnerables y desahuciado por los Mossos d'Esquadra en el sexto intento. En noviembre del año pasado, el fondo denunció al Ayuntamiento por connivencia con los okupas. La querella fue archivada, pero la Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido a trámite una parte de la apelación, en concreto por los delitos de prevaricación administrativa y coacciones.

Según Guilarte, "a la alcaldesa imputada se le siguen acumulando las causas ante la justicia. Colau no puede seguir en el cargo ni un día más. Sus imputaciones son un lastre para la ciudad que pagamos todos". La alcaldesa de Barcelona ya tuvo que declarar el pasado 4 de marzo como investigada ante la Ciutat de la Justícia por presuntas ayudas a entidades afines.

MÁS TIEMPO DEFENDIÉNDOSE DE LAS IMPUTACIONES QUE TRABAJANDO PARA BARCELONA

Para Parera, "Colau pasa más tiempo defendiéndose de sus imputaciones que trabajando por los intereses de los barceloneses. "Son demasiadas las imputaciones de miembros del gobierno que forman Colau y el PSC, así como la dejadez de funciones por parte de la Alcaldesa. Lo mejor para Barcelona y sus ciudadanos es que Colau dimita”. Ante la nueva investigación, la edil sostiene que son "hechos son de extrema gravedad y un descrédito para la ciudad de Barcelona".

Desde las filas de JuntsxCat, el concejal Jordi Martí Galbís ha subrayado que desde "el respeto más absoluto a la presunción de inocencia, y reiterando nuestro rechazo a la judicialización de la política, consideramos imprescindible que el gobierno municipal, con la alcaldesa al frente, actúe con la máxima transparencia y la máxima colaboración con la justicia para aclarecer los hechos. Desde que llegaron a la alcaldía de Barcelona, y con el apoyo de PSC , los comunes han definido su acción política a partir de la confrontación y la polarización en la ciudad, entre los buenos y los malos, los míos y todos los demás, que inevitablemente aumentan la percepción de agravio y de sectarismo. Por todo esto, también creemos que es necesario un cambio en el gobierno de la ciudad lo antes posible".

Josep Bou, presidente del PP en el Ayuntamiento, ha subrayado en Twitter: "Un escándalo judicial más. Una nueva vergüenza para la ciudad...". Y Jordi Coronas, de ERC, ha mostrado su sorpresa por la querella contra Colau. "Nos sorprende que la Audiencia de Barcelona contradiga a la Fiscalía en una causa que ya había quedado archivada. Estamos junto a los trabajadores de la casa. Y lamentamos que de nuevo se judicialice la política si es por temas ideológicos".

ACTIVISTAS 'ANTIDESAHUCIOS' DENUNCIAN "REPRESIÓN" DEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Por otra parte, los procesados por los altercados durante el desahucio del Bloc Llavors de Barcelona en 2021 han acusado este lunes al Govern d de llevar a cabo una "represión" contra los movimientos de defensa de la vivienda a través de los Mossos d'Esquadra, y no acudirán a declarar ante el juez que instruye la causa.

Lo han explicado en una rueda de prensa desde el Parlament portavoces del grupo de afectados, de Alerta Solidària y de otras entidades en defensa del derecho a la vivienda junto a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que ha sostenido que este es "uno de los muchos casos represivos que hay" contra activistas, ha recogido Europa Press.

El Bloc Llavors -donde vivían seis familias desde 2017- fue desalojado en mayo de 2021 tras cinco intentos de desahucio, y en febrero de este año los Mossos d'Esquadra detuvieron a cuatro personas presuntamente relacionadas con los altercados durante la intervención policial.

La policía catalana les atribuye presuntos desórdenes públicos, atentado a la autoridad, lesiones y daños por esos hechos, y luego la causa se amplió a 18 personas más que entre el pasado viernes y este lunes han sido citadas a declarar, ha detallado la abogada de Alerta Solidària Eva Pous.

PLANTAR A LA JUSTICIA

"Estas 18 personas han decidido plantar a la injusticia española y decir que no piensan ir a declarar y piensan plantar cara a este sistema represivo", ha afirmado Pous sobre la causa, que suma un total de 22 investigados.

Alerta Solidària ha sostenido que la Generalitat utiliza "ficheros de tipo político e ideológico" y técnicas del deep state, en sus palabras, para perseguir por motivo de ideología a los activistas por el derecho a la vivienda, y ha pedido el cese de lo que consideran una represión.

El portavoz de la Comissió Jurídica del Congrés del Habitatge, Max Carbonell, ha sostenido que existe una "macrocausa" contra los activistas por la vivienda: en los dos últimos años, más de 40 han sido detenidos y han recibido multas que suman más de 300.000 euros en aplicación de la Ley Mordaza, ha asegurado.