El gobierno de Colau exige a la Sareb que ofrezca un alquiler social a 255 familias en proceso de desahucio. Este miércoles, 11 de mayo, la concejal de Vivienda, Lucía Martín, se ha reunido con la dirección de la sección de Vivienda Asequible y Social de la gestora para abordar la situación de las 824 viviendas que tiene la entidad en Barcelona.
Martín ha pedido que los inmuebles pasen a ser de gestión pública una vez que el operador esté mayoritariamente controlado por Estado –que posee el 50,14% de sus participaciones–.
EN SEGUIMIENTO
Los 255 casos de desahucios de familias que viven en pisos de la Sareb están en seguimiento a través de los servicios sociales del Ayuntamiento.
El gobierno municipal ha añadido que las 154 viviendas vacías que tiene Sareb en la ciudad –según el registro de la Generalitat– pasen "inmediatamente" a ser de gestión pública "si efectivamente están desocupadas a día de hoy". Así, según Martín, se podrán "añadir a la bolsa de vivienda pública disponible".
"CUMPLIR LA LEY"
El Ayuntamiento tiene 23 expedientes sancionadores abiertos a Sareb y 69 en diligencias previas –por mantener la vivienda vacía u ocupada y en mal estado–. Además, ha liquidado 318.000 euros en sanciones.
"Sareb, como gran tenedor, debe cumplir con la ley de emergencia habitacional y regularizar estas situaciones y ofrecer contratos de alquiler social", ha dicho Martín.