Las oposiciones del Ayuntamiento de Barcelona –en realidad una bolsa de trabajo– convocadas el pasado mes de marzo continúan bajo lupa, después de conocerse que hasta 17 cargos de confianza de los comunes han aprobado las primeras pruebas de la selección. Una polémica que la asociación de juristas Llibertats ha decidido llevar ante la Justicia por presuntas irregularidades.
Según ha avanzado este jueves La Vanguardia, la plataforma nacida contra el procés ha presentado una demanda contencioso-administrativa por "amiguismo e incompatibilidades". Denuncian la supuesta imparcialidad de la comisión de selección, por estar formada por "un significativo número de miembros del consistorio". Aseguran que vulnera el principio de igualdad y deja con menos oportunidades al resto de aspirantes. Por todo esto, solicitan que se suspendan las asignaciones de plazas a los cargos de confianza.
Las pruebas constaron de un examen de aptitud tipo test, uno de ofimática y otro de idioma, para acabar determinando qué personas cubrirán las vacantes o puestos de nueva creación en 33 categorías profesionales. Unos 16.000 aspirantes se inscribieron, aunque finalmente se presentaron 8.000. De estos, más de 5.000 aprobaron. Entre ellos, los 17 cargos de los comunes ya mencionados. Esta es la lista de nombres de BComú que continúa en el proceso: Álvaro Pombo, Roger Clot, Tatiana Guerrero, Carolina Recio, Elia Gran, Elisa Miralles, Sandra Salvador, Ancor Mesa, Adriana Partal, Olga Pérez, Sergi Santiago, David Pequeño, Eduard Corbella, Pau Campderrós, Marina Berruezo, Judith Calabria y Elena Tarifa. También hay dos cargos del PSC, Alberto Lacasta y Marc Martínez.
CRÍTICAS SINDICALES Y DENUNCIA ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA
Un proceso que ha levantado ya varias sospechas. Los primeros en protestar fueron algunos sindicatos, que criticaron que las pruebas se hiciesen sin un temario establecido con anterioridad, como se hace habitualmente. Algo que podía poner en cuestión la igualdad de acceso y oportunidades para todos los aspirantes.
También denunciaron públicamente el proceso desde JxCat. Antes de abandonar la política, la presidenta del partido a nivel municipal, Elsa Artadi, expresó su desagrado con una bolsa "del todo extraordinaria y diferente de las que se habían realizado hasta ahora", señalando la posición adoptada por algunos sindicatos. Por este motivo, la dirigente juntaire anunció que llevaría la cuestión al Comité de Ética por sus "sospechas" de cómo se había hecho y porque "es a esta instancia a quien le toca dirimir si la actuación de todos se adapta o no en al código de ética del Ayuntamiento”.