Altos cargos de ICV, en manos de la justicia

Manuel Hernández, ex director del ACA y ex presidente de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), ha sido condenado por la Audiencia de Barcelona a dos años de prisión y a ocho de inhabilitación para cargo público por amañar en su etapa de director de la ACA un concurso público para adjudicar en el 2008, durante la época del gobierno tripartito, la elaboración de informes de consultoría.

En concreto, el tribunal le atribuye un delito de prevaricación y otro de revelación de información reservada. Entre los condenados también destacan Joan Lluís Quer, expresidente de Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya en la época de Artur Mas; y Gabriel Borràs, vinculado a ICV y ERC.

HECHOS

Los hechos se remontan a septiembre del 2007, cuando la ACA, que dependía entonces de la conselleria de Medi Ambient i Habitatge -dirigida por Francesc Baltasar, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), en sustitución del también ecosocialista Salvador Milà- tramitó por concurso abierto un contrato de consultoría para la redacción del plan de gestión de la cuenca fluvial en Cataluña, que se llevó la Unión Temporal de Empresas (UTE) DMA-Gestió, agrupación de tres consultorías representadas por Joan Lluís Quer. 

Asimismo, Manuel Hernández ya había sido imputado en 2014 por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por delito sobre la ordenación del territorio y por falsedad documental en la construcción de la tubería entre la desalinizadora de Blanes y la potabilizadora y distribuidora de Cardedeu.

ICV, CANTERA DE ACUSADOS POR CORRUPCIÓN

Pero Manuel Hernández o Gabriel Borràs no son los únicos vinculados a ICV con problemas con la justicia. Su compañera de partido Imma Mayol, actualmente al mando de la Dirección del Área de Ecología del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), cuyo responsable es Eloi Badia, sigue imputada de su anterior etapa como gerente de EMAYA, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en Palma de Mallorca, por un delito medioambiental y malversación de fondos.

En concreto, se le acusa de dedicar fondos públicos a otras finalidades en lugar de poner los medios necesarios para evitar que se produjeran vertidos al mar. La Guardia Civil entró en el domicilio barcelonés de Mayol en verano de 2019 en busca de pruebas. Los agentes registraron su ordenador y el móvil, pero la exregidora se negó a declarar. 

INMA MAYOL, LA 'ENCHUFADA' DE COLAU

La ecosocialista fue recolocada por Ada Colau en el AMB con un sueldo de 107.000 euros brutos al año. Este nombramiento se llevó a cabo pese a que contradecía el código ético de Barcelona en Comú, que exigía la dimisión de cualquier cargo público que estuviera imputado por “delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos”, subraya el punto 3.6 del código de los comunes.

Además, la designación llamativa para aquellos que vieron en su día como la actual alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, vestida de superheroína, intentó boicotear un acto de Mayol cuando estaba en la carrera electoral por la alcaldía de Barcelona.