Un juzgado de lo contencioso ha señalado para abril del 2025 el juicio por la ampliación de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona. La polémica se desató porque 17 cargos de confianza y personal eventual de los comunes y dos del PSC se presentaron a ocupar las plazas.
Así, el juzgado no tomará una decisión definitiva sobre el asunto hasta dentro de tres años, cuando la convocatoria de plazas en el Ayuntamiento ya habrá finalizado y los ganadores del proceso llevarán en ese momento tres años trabajando.
MEDIDAS CAUTELARES
La asociación Juristes Constitucionalistes per les Llibertats presentó un recurso al considerar que la participación de los cargos de confianza del gobierno municipal a una convocatoria de 33 plazas para la administración local podría vulnerar la imparcialidad del proceso. Por ello, solicitó que el proceso quedase suspendido de forma cautelar para estas personas.
Sobre las medidas cautelares, el juzgado deberá pronunciarse en el plazo de diez días. En este sentido, se podrían abrir varios escenarios inciertos en función de lo que dicte la justicia.
Imagen de archivo de unas oposiciones municipales / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
POSIBLES ESCENARIOS
Una de las opciones es que se prive temporalmente a estas 19 personas de participar en un proceso que tendría que demostrarse dentro de tres años que fue limpio e imparcial.
Por otro lado, en caso de dejarse participar ahora a los cargos de confianza en el proceso, si se impugnara en 2025 habrían trabajado en unas plazas que no les pertocaba.
COMITÉ DE SELECCIÓN
La organización cuestiona la composición del comité de selección para ampliar las bolsas de trabajo, puesto que podría vulnerar el principio de igualdad en el acceso a la función pública y perjudicar derechos y oportunidades de otros aspirantes.
De hecho, el abogado de la entidad denunció que se trata de un caso de “amiguismo donde cargos que deben su posición laboral a sus jefes les devuelven el favor dándoles acceso a un empleo público, lo que supone un perjuicio frente a otros ciudadanos sin conexiones políticas o que no militen en la órbita de Ada Colau”.
El sindicato UGT también denunció que por primera vez no hay temario y el proceso consta de: un test de aptitudes, ofimática, examen de lengua extranjera y un test de personalidad.