La Fundació Pere Tarrés se ha hecho con un suculento contrato del Ayuntamiento de Barcelona para gestionar los servicios de infancia y las ludotecas del distrito de Sants-Montjuïc. El contrato, que entra en vigor el 1 de octubre de este año, durará hasta el 31 de julio del 2025 y costará al Ayuntamiento 1.294.062 euros. Este contrato podrá tener una prórroga de un año más, para lo que se ha dotado una reserva de 478.000 euros. Las ludotecas a gestionar son las de Olzinelles, Poble Sec y Casa dels Colors (la primera tiene 88 plazas y las otras dos, 54 cada una y dan servicio, respectivamente, a los barrios de Sants, Hostafrancs, La Bordeta, Poblesec y Zona Franca-Marina). En esos centros, deberá impartir actividades de juegos de ejercicio, simbólicos, libres, de construcción, de reglas, tecnológicos, dirigidos, dinamizadores y talleres.
Las actividades que se realizan en las ludotecas van dirigidas a niños y niñas de entre 0 y 12 años y su objetivo es desarrollar “una programación estable lúdica extraescolar basada en el juego libre y un proyecto socioeducativo adaptado a cada entorno territorial”. Las actividades se impartirán de 16.30 a 19.30 de lunes a viernes. Además, se ha de hacer una actividad de colaboración con fiestas tradicionales (carnaval, castañada, Cabalgata, fiesta mayor…) y la de ‘Per Nadal, tota joguina val’, obligatoria cada Navidad, que se ha de hacer de forma conjunta por todas las ludotecas.
‘MADURAR’ AL NIÑO
Una de las características que exige el Ayuntamiento es que todas las actividades han de tener planteamiento lúdico, pero también educativo “que potencien la maduración personal del niño”, además de favorecer actitudes no sexistas, solidarias y de aceptación de la diferencia y, por ello, es obligatorio garantizar una selección de juegos de origen diverso y ofrecer una programación que incorpore una mirada intercultural de acuerdo con el Plan de Interculturalidad del Ayuntamiento.
Enric Crous es el actual presidente de la Fundació Pere Tarrés / ARCHIVO
En las cláusulas del contrato se especifica que la labor que se ha de hacer desde las ludotecas es educar a los niños. “De esta forma, se quiere contribuir al proceso evolutivo y educativo de los niños sin discriminaciones a través de del desarrollo de hábitos sociales, del crecimiento personal creativo y afectivo, de la transmisión de valores y del descubrimiento, respeto y participación en su entorno social”, dicen las cláusulas.
“JUEGOS DE ORIGEN DIVERSO”
Ante esas funciones básicas, los responsables municipales exigen a los gestores de las ludotecas “ofrecer juegos, juguetes y recursos lúdicos para favorecer actitudes no sexistas, solidarias, de aceptación de la diferencia, fomentar la educación en los valores de la coeducación, los derechos humanos, la cohesión social y la igualdad”. De acuerdo con esta aseveración, exigen también dos cuestiones fundamentales: la primera, garantizar la maduración personal del niño, “su desarrollo comunitario e integral, la conciencia colectiva y el alcance de nivel más altos de calidad de vida”. Y, en segundo lugar, garantizar la citada “selección de juegos que incorpore juegos de origen diverso y ofrecer una programación que incorpore una mirada intercultural”.
Casal del barrio del Congrés i els Indians gestionado por la Fundació Pere Tarrés / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
También reclama el consistorio dar respuesta a las nuevas necesidades de las familias urbanas, “divulgar y conciencias sobre la importancia del juego en el desarrollo humano y los derechos de los niños como ciudadanos”, así como implicarlos en la vida social de los barrios, de ahí que se obligue a participar en festejos populares. Pero también pretende “dar una imagen de globalidad y de servicio integrado” y “promover a través de actuaciones dinamizadoras para los diferentes grupos de personas usuarias la creación de vínculos y la convivencia entre niños de diferentes edades, origen, sexo, etc”.
CONTRATO DE LA AGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE BARCELONA
Pere Tarrés gestiona también diversos casales de Barcelona por algo más de un millón de euros. Suya es también la gestión del casal del barrio de Congrés-Indians y la pista deportiva Manigua, un contrato de 255.000 euros. Durante la pandemia, su albergue fue alquilado por el Ayuntamiento de Barcelona para dar alojamiento y alimentación a las personas derivadas por el Institut Municipal de Serveis Socials a un coste de algo más de 100.000 euros mensuales. En 2020, también obtuvo un contrato de la Agència de Salut Pública de Barcelona para alquilar un albergue destinado a personas con adiciones. Este contrato tuvo un coste de 1.545.775 euros.