El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado que los presupuestos catalanes incluirán un fondo específico dotado con 10 millones y que el Govern impulsará una ley para la erradicación del amianto en 2023: "Es una norma ampliamente reivindicada y que tiene que hacer posible hacer ese paso adelante".
Lo ha asegurado este sábado durante su intervención de apertura de la Convención contra el amianto y sus consecuencias, organizada por la Comisión contra el amianto de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (Favb) y Jubilados de Macosa-Alstom Afectados por el Amianto. En el acto han intervenido la presidenta de Favb, Ana Menéndez; la presidenta del Foro Europeo sobre el Amianto, Yvonne Waterman; el concejal de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia; y Miguel Moreno, de Jubilados de Macosa-Alstom Afectados por el Amianto.
Aragonès ha explicado que este martes el Govern aprobará la creación de la Oficina para la Erradicación del Amianto en Catalunya, una iniciativa "pionera que incorporará personal para diseñar todo el trabajo que hay por hacer" en este sentido. Esta nueva oficina, según ha afirmado, permitirá impulsar la "ejecución del plan nacional para su erradicación", que prevé aprobar durante los primeros meses de 2023.
Aragonès conversa con asistentes al acto / GENCAT
INVERSIONES
El president de la Generalitat ha explicado que en 2022 ha habido un "cambio de paradigma en relación al amianto en Catalunya" con las actuaciones de retirada de este material de construcción en Badia del Vallès y en la Bisbal d'Empordà, en las que el Govern ha destinado 4,5 millones y 5,6 millones de euros, respectivamente.
Menéndez ha celebrado que la convención ponga la problemática del amianto "en la agenda política y mediática del país" y espera que sirva como garantía de progreso para acabar con ella. Por su parte, Waterman ha pedido que se preste atención a la tarea que se está haciendo a nivel europeo, donde según ella se está impulsando una nueva remodelación para tener una ley que ponga fin al amianto.
Badia ha afirmado que, según datos provisionales de la auditoría del amianto en Barcelona, "un cuarto está en administraciones públicas y, dentro de estos, un tercio está en instalaciones municipales", y ha defendido las alianzas público-privadas para avanzar en su extracción.