Un juez de Barcelona ha dictado el primer desahucio de un inquilino del edificio modernista Casa Orsola, en el Eixample, adquirido por un fondo de inversión español, según han informado este miércoles tres entidades del movimiento por la vivienda en un comunicado.
FECHA DEL DESAHUCIO
Este inquilino fue juzgado el pasado día 9 de enero por encontrarse fuera de contrato, y hoy ha recibido una notificación judicial de desahucio para el próximo día 14 de febrero, según el Sindicat de Llogateres, Defensem Casa Orsola y la Red de Vivienda de l'Esquerra del Eixample. Otros tres vecinos de este inmueble también están fuera de contrato y dos de ellos ya han sido denunciados ante los tribunales por el fondo de inversión que ha comprado Casa Orsola, Lioness Inversiones SL.
Protesta en la Casa Orsola / VEÏNES CASA ORSOLA
VOTACIÓN EN EL CONSISTORIO
El próximo viernes, día 27, el Ayuntamiento de Barcelona votará en el pleno municipal previsto una proposición para exigir al fondo de inversión que frene las expulsiones de vecinos de este edificio, como ya se hizo en el distrito, que aprobaron Comunes, ERC y PSC.
INQUILINOS VULNERABLES
El inmueble fue una obra promovida por Joan Orsola y acogía su empresa de mosaicos hidráulicos del mismo nombre, de ahí la denominación de Casa Orsola por el que se la conoce popularmente en Barcelona. Los problemas empezaron en octubre de 2021 cuando Lioness Inversiones SL compró el inmueble, situado en el número 121 de la calle de Consell de Cent. La finca cuenta con 27 viviendas y cuatro bajos comerciales. Desde entonces, se desató una guerra entre la propiedad y los inquilinos. Los activistas aseguran que los inquilinos son familias vulnerables, que Lioness Inversiones los quiere echar de la finca y que se han negado a negociar. Sin embargo, el fondo de inversión aseguró a este medio que "no se trata de especulación, ni de gentrificación, ni de familias vulnerables. Es una finca modernista en pleno Eixample, donde cuatro arrendatarios, cuyos contratos han finalizado, y que no están en riesgo de exclusión social, quieren seguir pagando rentas bajas de forma indefinida, aunque la ley no los ampare y cause indefensión a la propiedad".