La concejal de Vivienda de Barcelona, Lucia Martín, y el de Sants-Montjuïc, Marc Serra, declararán este viernes 10 de marzo como investigados en el juzgado por presuntamente coaccionar al fondo de inversión Vauras para que diera en alquiler social pisos de su propiedad, entre ellos el Bloc Llavors, que estaban ocupados por familiar vulnerables.

COLAU, CITADA A DECLARAR

Además de los dos concejales de Barcelona En Comú, el Juzgado de Instrucción 18 también tomará declaración a partir de las 10:00 horas a una funcionaria municipal, mientras que la propia alcaldesa también está citada a declarar por presuntos delitos de prevaricación, malversación y coacciones.

Estas declaraciones llegan después de que la Audiencia de Barcelona ha aceptado la petición de Vauras para reabrir la causa que ya archivó la jueza instructora.

Protesta contra el desalojo del Bloc Llavors del Poble-sec el pasado mes de mayo, que ha supuesto una nueva querella contra Colau / EFE

"ESTOY TRANQUILA"

En una rueda de prensa al anunciar las declaraciones de este viernes, Colau afirmó que está "muy tranquila", a lo que añadió que "evidentemente" colaborará con la justicia "como hemos hecho siempre". La alcaldesa aseguró que el caso "acabará archivado" y defendió que el consistorio se ha limitado a cumplir con la ley catalana de vivienda.

OKUPAS Y PRESIONES

Vauras atribuye las presuntas coacciones a dos reuniones entre la empresa y el consistorio donde Martín supuestamente "habría reconocido abiertamente el apoyo del Ayuntamiento al movimiento okupa y la realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas para alquiler social", algo que el Ayuntamiento niega. Según la empresa Vauras, Colau habría incurrido en un delito de coacciones y en otro de prevaricación administrativa al sancionar al fondo de inversión por no ofrecer viviendas sociales a las personas en riesgo de exclusión social que vivían en el Bloc Llavors.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / EFE

Por su parte, el Ayuntamiento ha reconocido que requirió varias veces a Vauras para que ofreciera un alquiler social a las personas que ocupaban su edificio de la calle de Lleida 38, conocido como Bloc Llavors, pero recuerda que así lo prevé la ley catalana de emergencia en la vivienda y descarta que el consistorio cometiera ningún delito en el procedimiento

CUATRO DETENIDOS

En febrero de 2022, los Mossos d'Esquadra detuvieron a cuatro activistas antidesahucios acusados de haber participado en una protesta violenta contra el desalojo del Bloc Llavors en mayo de 2025, cuando la policía catalana accedió al edificio para desalojar a tres vecinos que vivían en la propiedad del fondo de inversión Vaunas Investment.

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