Ada Colau, citada a declarar por los delitos de coacción y prevaricación por el 'caso Llavors'

Ada Colau tendrá que declarar acusada de dos delitos: uno de coacción y otro de prevaricación administrativa por el 'caso Llavors'. El juicio empezará el mes de marzo y también tendrán que dar explicaciones ante los magistrados Lucía Martín, concejal de Vivienda; Marc Serra, regidor de Sants-Montjuïc y una funcionaria del consistorio municipal.

BLOC LLAVORS

La alcaldesa tendrá que declarar los días 10 y 13 de marzo. Lo hará en calidad de investigada por el caso del Bloc Llavors, una causa que fue desestimada por el Juzgado de Instrucción número 18 de la capital catalana, pero que la Audiencia Barcelona ha reabierto ante los indicios de delito.

Protesta contra el desalojo del Bloc Llavors del Poble-sec el pasado mes de mayo, que ha supuesto una nueva querella contra Colau / EFE

COACCIONES Y PREVARICACIÓN

Según la empresa Vauras, que es la entidad que se ha querellado contra el Ayuntamiento, Colau habría incurrido en un delito de coacciones y en otro de prevaricación administrativa al sancionar al fondo de inversión por no ofrecer viviendas sociales a las personas en riesgo de exclusión social que vivían en el Bloc Llavors.

En mayo de 2022, la Justicia dio un nuevo revés al gobierno de Colau, obligando al consistorio a retirar los seis expedientes sancionadores que habían abierto al fondo de inversión Vauras.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / EFE

ANTE EL JUEZ

A pesar de la gravedad de los hechos que se le imputan, la alcaldesa asegura que "está muy tranquila" y que tiene la certeza de que acabarán archivando la causa. Colau acusa a las grandes empresas de impulsar una persecución política contra ella: "Consiguen la imagen de una alcaldesa declarando ante el juez, a pesar de que después la causa acaba archivada".

CUATRO DETENIDOS

En febrero de 2022, los Mossos d'Esquadra detuvieron a cuatro activistas antidesahucios acusados de haber participado en una protesta violenta contra el desalojo del Bloc Llavors en mayo de 2025, cuando la policía catalana accedió al edificio, situado en la calle de Lleida número 38, para desalojar a tres vecinos que vivían en la propiedad del fondo de inversión Vaunas Investment.