El Juzgado de Instrucción número 4 de Figueres investiga a la familia de Xavier Trias por un presunto delito de prevaricación urbanística, según ha avanzado El Mundo. También se plantea una posible infracción contra la ordenación del territorio cometido por los responsables del camping La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador (Girona). Una sociedad actualmente gestionada por el hijo mayor del candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona, Àlex Trias Arraut. Entre el Consejo de Administración también se encuentran otros miembros de la familia de la mujer del exalcalde.
MÚLTIPLES IRREGULARIDADES
El año 2019, la Fiscalía denunció que cientos de bungalós del camping La Ballena Alegre fueron construidos de forma irregular. Por lo visto, se edificaron en suelo no urbanizable, al tratarse de una zona protegida de costa. Un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso el medio citado, podría demostrar el cumplimiento de unos delitos de responsabilidad penal. Unos hechos que salpicarían no solo al gestor de la empresa e hijo de Xavier Trias, sino también a los arquitectos y constructores involucrados en el proyecto. "Con esta clasificación no puede efectuarse obra ni instalación alguna", indica el informe.
PARTIDOS POLÍTICOS IMPLICADOS
Además, el cuerpo de la Guardia Civil señala la implicación de diferentes partidos políticos en activo, como el alcalde de Sant Pere Pescador hasta 2015 y por ERC desde 2016, Jordi Martí Deulofue. También nombran al actual alcalde Agustí Badosa (JxCat) por haber autorizado las obras de sustitución de parcelas por unas permanentes que incumplen la norma. A la espera de un segundo informe policial, el juzgado ha ordenado prorrogar seis meses más la investigación. También están a la espera de las testificaciones de los presuntos implicados en la trama.
Según remarca la documentación, esta irregularidad urbana no sería la primera cometida por la empresa de la familia de Trias. Junto con estos albergues, la Guardia Civil expone que otras construcciones se habrían llevado a cabo "dentro de los límites del espacio público marítimo, vulnerando cuanto previene la Ley de Costas", como un gimnasio, un bar o un restaurante. En este sentido, el fiscal ha explicado que en noviembre de 2017, la Junta del Gobierno Local autorizó los permisos para estas construcciones, aun sabiendo que eran irregulares e incumplían la normativa de urbanismo. "La norma impide a los ayuntamientos conceder licencias que contradigan esta legislación", relata el fiscal en el informe. Por eso, cree que hay indicios de prevaricación, de igual manera que lo sustenta la Guardia Civil.
Camping La Ballena Alegre / WEB OFICIAL
15 EXPEDIENTES ANALIZADOS
Los agentes han analizado un total de 15 expedientes del Ayuntamiento de Sant Pere Pescador entre los años 1999 y 2018. Todos ellos tratan sobre las actuaciones llevadas a cabo en el camping del municipio investigado. Aun así, advierten de que hay dos delitos que ya están prescritos. Algo que no impide, según ha puntualizado el juzgado, a derribar las construcciones para adecuarlas a la normativa vigente siempre que se dé una sentencia condenatoria.
El empresario turístico Víctor Latorre ha sido quien ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, después de reclamar durante años al gobierno municipal de Sant Pere Pescador y a la Generalitat de Catalunya las posibles irregularidades. El denunciante cree que la empresa propiedad del establecimiento actuó con impunidad por los vínculos políticos de Trias, persona de confianza de Jordi Pujol, con las administraciones.