Esta semana la magistrada del juzgado de instrucción 39 de Barcelona ha dictado la sentencia contra los okupas de la Bonanova. Tal como se explica en el fallo, al que ha tenido acceso Metrópoli, los anarquistas tienen que abandonar el edificio y, si no lo hacen de manera voluntaria, los Mossos los desalojarán por la fuerza. Está previsto que los antisistemas ofrezcan toda la resistencia posible ante los antidisturbios, tal y como ellos mismos han anunciado públicamente.
Previo al enfrentamiento, los okupas han intentado evitar el desahucio por la vía legal, siguiendo los cauces del sistema democrático. Su defensa fue encargada a Diego Redondo Garcia, abogado criminalista especialista en delitos salud integridad física. Según la información disponible en internet, trabaja en Madrid, aunque se ha desplazado a Barcelona para asistir a los juicios en defensa de los inquilinos de los edificios bautizados como El Kubo y La Ruïna. Pertenece al bufete Kapital Abogados, del que apenas existe información pública.
El despacho "ofrece orientación estratégica y orientación legal para asistir a los clientes a navegar las complejidades de un proceso judicial", según los portales de internet. A lo largo de sus seis años de trayectoria profesional, ha ganado 66 casos. Según Emérita Legal, una empresa dedicada a la revelación de datos de abogados y jueces, Redondo también es experto en delitos patrimoniales. Metrópoli ha tratado de ponerse en contacto con Redondo por varias vías, sin éxito.
Cargas policiales contra los okupas de la Bonanova / GALA ESPÍN
LOS ARGUMENTOS DE LOS OKUPAS
Los argumentos que ha dado para evitar el desalojo de la Ruïna son los siguientes. Por una parte, asegura que la Sareb no es la única propietaria del edificio. Tal como explican fuentes de la Sareb a Metrópoli, esta empresa tiene el 60% de ambos inmuebles.
La jueza ha tumbado este argumento, ya que "cualquier comunero está legitimado para actuar en defensa del interés de la comunidad, siempre y cuando no lo haga exclusivamente en provecho propio o con la oposición de los otros comuneros". El resto de propietarios de los edificios no se han opuesto a esta decisión y, por tanto, lo han desestimado.
NI RASTRO DE PERSONAS VULNERABLES
La defensa también ha intentado acreditar la presencia de personas vulnerables dentro del edificio, algo que no se ha podido demostrar. De hecho, un inspector de los Mossos d'Esquadra ha reiterado que son colectivos antisistemas y que no se encuentran en riesgo. Si no se van voluntariamente, el Servicio Común de Actuaciones Civiles concretará una fecha de desalojo. No obstante, tienen 20 días para interponer un recurso a la Audiencia de Barcelona.
Los Mossos acordonan la Bonanova / EP
MIEDO Y AMENAZAS
Los okupas de la Bonanova ya han avanzado que no van a dar ningún tipo de validez a lo que dictamine la juez y dejan claro que "ningún desalojo les parece legítimo". También han remarcado que "ante cualquier ataque o intento de desokupación van a responder con contundencia". En el comunicado amenazan con okupar otras 100 casas más.
Los vecinos de la Bonanova encaran la sentencia con un sabor agridulce. Quieren que por fin se vayan de los edificios, pero, por otra parte, tienen miedo de que cumplan con sus amenazas y que "hagan arder el barrio".
Metrópoli ha intentado contactar con el abogado de los okupas de la Bonanova para saber más datos del caso y si va a presentar un recurso a la Audiencia de Barcelona, pero no ha obtenido respuesta.