La sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona se encuentra de nuevo en el punto de mira de los independentistas, que suspiran por arrebatar el emblemático edificio de la Via Laietana al Ministerio del Interior y convertirlo en una especie de museo de la tortura o espacio de memoria histórica. Estos días, ha comenzado una campaña de micromecenazgo para financiar un documental titulado Laietana 43, el cau de la bèstia. “Ante la negativa del Ministerio del Interior a acceder al edificio para registrar los espacios donde se llevaba a cabo la tortura y donde se privaba de libertad y de derechos básicos a los detenidos, lo reconstruiremos en 3D a partir de las descripciones de las víctimas”, dicen los responsables del documental.
La realización del documental en 3D cumplirá, afirman sus promotores, una doble función: “Ilustrar el interior del espacio y preservarlo para la memoria, ya que el ministerio ya hace días que, ante la aprobación de la ley que invita a convertirlo en un espacio para la memoria histórica, está llevando a cabo una profunda transformación para borrar cualquier vestigio de todo lo que sucedió allí dentro”. Esta última afirmación no se ajusta a la realidad, puesto que la estructura interior del edificio fue reformada en profundidad en los años 80 del siglo pasado y desde entonces no se ha variado sustancialmente. El filme aporta nombres y apellidos para salpimentar la truculenta historia: cita a Eduardo Quintela, el primer comisario de siniestra Brigada Político Social (BPS) en Barcelona; a Rafael Núñez Valverde, y a Vicente Juan Creix (nombrado jefe de la BPS en 1968).
UNA VISIÓN PARCIAL Y SESGADA
El enfoque del documental, pues, es muy claro. Además, está apoyado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Comissió per la Dignitat, por lo que el resultado es fácil de prever. Lo único negativo es que la memoria histórica es muy corta: en el edificio en cuestión torturó la policía franquista, pero también la policía republicana, cuando la Generalitat tenía en sus mazmorras a la siniestra Direcció de Seguretat, con el sanguinario Miquel Badia, apodado Capità Collons, a su frente. Curiosamente, el comisario Quintela anteriormente citado trabajó a las órdenes directas de Badia, aunque de éste no se aporta ninguna denuncia (sus actuaciones fueron tan brutales que un comando de la FAI acabó acribillándolo a balazos a la salida de su domicilio en 1936). Para los impulsores del documental y la campaña subsiguiente, sólo hubo unos torturadores. Además, aseguran en la publicidad de la campaña de micromecenazgo: “Todavía hoy en día hay una generación de policías/torturadores que viven entre nosotros con la tranquilidad que les da la Ley de Amnistía del 77 y la complicidad de un Estado que no hace nada para delatarlos”.
El desalojo de la policía de Via Laietana es ya una cuestión de amor propio tanto para los independentistas como para los comunes. Ada Colau y su equipo han sido batalladores en este aspecto. Ya durante la primera legislatura de la alcaldesa su primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, fue uno de los más activos detractores de la presencia de la cúpula policial de Interior en ese edificio. Posteriormente, el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, envió una carta a los responsables del Gobierno pidiendo la cesión del edificio. De hecho, el equipo de Ada Colau no ha dejado de presionar para que se ceda ese espacio. La paradoja es que el actual jefe superior de Policía tiene vínculos familiares con la alcaldesa, cosa que ella ha tratado de llevar en secreto, aunque tal circunstancia no ha afectado a la estrategia municipal respecto a la finalidad política del edificio.
Un coche de la Policía Nacional en Barcelona
MANO DE HIERRO…
La cuestión está en qué pasará si Xavier Trias es elegido alcalde de la ciudad. De hecho, según explica una fuente municipal cercana a Junts per Catalunya (JxCat), la situación ha variado poco desde la anterior etapa de Trias como alcalde. “Durante los últimos años, no ha habido avances en el proyecto de establecer en el edificio un espacio de memoria histórica, tal y como había aprobado el Congreso y se había comprometido el Gobierno central”, dicen las fuentes.
También apuntan que el tema se tratará “con mano de hierro pero con guante de seda”. En otras palabras: Junts es partidaria de que el edificio sea cedido. Eso supondría no sólo una victoria política, sino también una victoria moral y un impacto sociológico muy grande debido a que simbolizaría la expulsión de la Policía Nacional de su ubicación histórica. Sería como la expulsión de las “fuerzas de ocupación”, como el independentismo denomina a los cuerpos y fuerzas de seguridad españolas. De hecho, esa imagen es la que ha provocado que el Gobierno central se haya mostrado reacio, hasta ahora, a sentarse a una mesa para hablar del tema. Los independentistas esgrimen que el Congreso de los Diputados aprobó la reconversión del edificio “en un museo-memorial, documentalista y archivístico de la represión franquista en Cataluña”. Efectivamente, ese proyecto fue votado en la Comisión de Interior en junio de 2017, tras una propuesta del republicano Joan Tardà. El proyecto fue aprobado por 23 votos contra 14. El único partido que votó en contra en esa ocasión fue el PP. Pero el tema no fue visto por el pleno del Congreso.
“SERÍA BENEFICIOSO PARA LA POLICÍA”
En las filas independentistas no hay prisa. Las fuentes consultadas señalan que con la reforma de la Via Laietana, las nuevas normas de circulación y teniendo como antecedentes varias mociones aprobadas por el Ayuntamiento de Barcelona a favor de la cesión, el Gobierno central debería hacer un gesto. “No tenemos nada en contra de la policía. No es una cuestión del independentismo. Es más: a ellos les resultaría incluso beneficioso el traslado a un lugar más moderno, puesto que el edificio de Via Laietana es muy antiguo y está obsoleto. Nuestra intención no es echarlos a la calle, sino que se les ha de proporcionar otra sede moderna y operativa”, subrayan.
Otra cosa es dónde ubicar a la cúpula policial. La macrocomisaría de la Verneda, en la Rambla Guipúscoa, no parece el sitio más adecuado debido a que ahí se encuentran ubicados todos los grupos operativos del cuerpo. A Junts no le parecería mal que la cúpula policial se desplazase, “por ejemplo, a la Zona Franca. Allí hay espacio para construir una sede en condiciones”, aducen, dejando caer que podría incorporar los últimos adelantos arquitectónicos, lo que redundaría en beneficio para el personal que trabaja en ella.