El desalojo de las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona está cada día más cerca. En plena crisis de la pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido a una batería de preguntas que el pasado mes de enero había presentado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso y en el Senado para conocer si pensaba vaciar el emblemático edificio de la Via Laietana para dedicarlo a la creación de un memorial de la represión franquista.
En la respuesta, que se ha producido esta semana, el Gobierno no lo cita directamente, pero responde a ERC que el Ejecutivo quiere elaborar un listado de lugares de memoria democrática “vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población”. La respuesta, en todo caso, se refería a una pregunta concreta del destino del edificio de la Jefatura.
El sindicato Jupol fue el primero en poner este jueves el grito en el cielo. Esta entidad considera que el Gobierno de Pedro Sánchez “deja la puerta abierta a consumar el desalojo de la Policía Nacional de esta sede en la que se viene trabajando desde hace años para poner en su lugar un museo de la represión franquista”. El secretario provincial de Jupol en Barcelona, Marcos Veiras, calificó la respuesta del Gobierno de “incomprensible” y subrayó: “No entendemos que, en la actual situación de crisis sanitaria, el Gobierno entre al juego de las peticiones de los partidos independentistas”.
INTENTO DE OCULTAR LA REPERCUSIÓN
El sindicato se queja de que los miembros del Cuerpo no han sido consultados sobre el tema y que la respuesta en plena crisis de la pandemia se debe al intento del Ejecutivo de “ocultar su repercusión pública”. Y enfatiza que la respuesta denota “la falta de valentía de este Gobierno y la necesidad de premiar a los partidos independentistas, con el único objetivo de conservar sus escaños”. Veiras pide al Gobierno español que recapacite y “que no venda de nuevo a la Policía Nacional a cambio de un puñado de votos de los partidos independentistas”.
De hecho, en marzo del 2019, los comunes iniciaron una gran campaña para que el Ministerio de Interior cediera el edificio y el entonces primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, inauguró un plafón junto a la entrada del edificio en el que se informa que en ese edificio se torturaba.
El exprimer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, en una imagen de archivo / HUGO FERNÁNDEZ
UN TRASLADO COMPLICADO
Los independentistas (tanto JxCAT como ERC) también presionan en el consistorio para que la Policía Nacional desaloje el inmueble, aunque afirman que esa reivindicación no tiene nada que ver con un rechazo al cuerpo de seguridad, sino que es para recuperar un espacio y reconvertirlo en servicio público “de la misma manera que se hizo con la cárcel Modelo”. Es más, están dispuestos a negociar un desalojo ordenado a un edificio más amplio y moderno y que tenga mejores equipamientos (el actual edificio está obsoleto y es poco operativo).
Jusapol, no obstante, recuerda que “en estas dependencias trabajan actualmente decenas de agentes y personal de la Administración de la Policía Nacional, por lo que el traslado de estas dependencias a unas nuevas que reúnan las características necesarias sería muy complicado y supondría una merma de las condiciones laborales y operativas de la Policía Nacional en Barcelona”.
CAMPAÑA EN CHANGE.ORG
A pesar de este posicionamiento, lo cierto es que hay precedentes jurídicos que pueden facilitar el desalojo del edificio: en junio de 2017, el diputado republicano Joan Tardà logró que la Comisión de Interior del Congreso aprobase por 23 votos contra 14 reconvertir el edificio de Jefatura “en un museo-memorial, documenta y archivístico de la represión franquista en Cataluña”.
Y el 29 de marzo del 2019, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó que “el Gobierno español inicie diligencias para hacer efectiva la proposición no de ley presentada por ERC y aprobada por todos los grupos menos por el PP en el Congreso el 1 de junio de 2017, según la cual el Estado ha de ceder el edificio con el objetivo de gestionarlo como un espacio memorial de la represión franquista, de acuerdo con la reivindicación de numerosas entidades y de centenares de personas que estos días se están adhiriendo al manifiesto promovido por el Ateneu de Memòria Popular”.
A prinicipios de 2020, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron una coalición de gobierno en España / CG
Aún así, Jupol comenzó en Change.org una campaña de recogida de firmas en la que se asegura que “no hay ninguna razón ni funcional ni operativa para que se mueva a la Policía de Via Laietana”. Esa campaña, que se puso en marcha en noviembre pasado, ha reunido más de 66.100 adhesiones. En el texto, se explica que “el pasado 19 de noviembre, la Comisión del Ayuntamiento sobre Derechos Sociales ha aprobado con los votos de PSC, ERC y JxCat una iniciativa para trasladar a la Policía Nacional de esta ubicación”.
El sindicato policial achaca esa iniciativa municipal a “un pacto entre PSOE y Unidas Podemos, por lo que pedimos el apoyo para que no se utilice a la Policía Nacional como moneda de cambio, como trueque de un pacto electoral”. Premonitorio o no, poco después del inicio de la campaña, se consolidaba el pacto PSOE-UP para formar Gobierno en España.