La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) de la Guardia Urbana de Barcelona ha perdido la batalla judicial contra Albert Batlle. Demandaron al teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del consistorio por vulnerar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar del portavoz sindical, Eugenio Zambrano. "Respetamos la decisión del juez, pero no estamos de acuerdo con la resolución y obviamente lo vamos a recurrir", dice Zambrano a Metrópoli.
La polémica empezó el 25 de septiembre de 2021, en los disturbios en macrobotellón por las fiestas de la Mercè. Al día siguiente, el portavoz de la CSIF vinculó el suceso a delincuentes, colectivos antisistema y menores no acompañados. Cabe recordar que el balance de esa noche fue de 20 detenidos y 43 heridos, varios de ellos por arma blanca.
BATLLE ACUSA A ZAMBRANO DE SER DE EXTREMA DERECHA
Un día más tarde, en una entrevista en el programa de radio de la Cadena Ser Aquí, amb Josep Cuní. Batlle cargó contra Zambrano: "Este señor ha anunciado que presentará una denuncia contra Colau y contra mí por terrorismo. Ha salido en los medios de comunicación. Demos la importancia que tiene a cada cosa y no maximicemos ni sacralicemos las declaraciones que puede hacer la gente que, además, están en unas posiciones clarísimamente de extrema derecha".
El guardia urbano Eugenio Zambrano en una imagen de archivo / HUGO FERNÁNDEZ
CISF pidió a al teniente de Prevención y Seguridad que rectificara sus declaraciones ante la prensa. También que pagara una indemnización de 3.000 euros por daños y prejuicios.
DESESTIMAN LA DEMANDA DE LA CSIF
Casi dos años después de los hechos, ya se sabe cuál es la resolución. El juez del juzgado de primera instancia número 7 de Barcelona ha desestimado íntegramente la demanda de CSIF, que tendrá que pagar las costas judiciales. Argumenta que las declaraciones de Batlle se enmarcan dentro del derecho fundamental a la libertad de expresión y que, por lo tanto, no hay una vulneración al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar de Zambrano.
No es una condena firme y se puede recurrir en un plazo de veinte días. Tal como explica el portavoz de la CSIF, van a apelar la sentencia al Tribunal Superior de Justicia: "Entendemos que se ha vulnerado el derecho al honor, tanto del sindicato como de mi persona. El regidor Batlle ha demostrado que cuando cuestionamos su nefasta gestión de la policía salta con declaraciones como esta. Es un político imprudente y extremista", reitera.
Zambrano está convencido de que se han vulnerado sus derechos: "Queremos que se restaure el derecho al honor, no vamos a permitir que se nos tache de pertenecer a la ultraderecha", concluye.