La Guardia Civil está bajo mínimos en Barcelona. Faltan efectivos, los agentes huyen de la capital catalana y las unidades operativas se encuentran cada día más adelgazadas de personal. Entre asociaciones y cuadros de la Benemérita hay enfado por la actuación de los políticos: el Gobierno catalán dicta normas y decretos que invaden competencias de la Guardia Civil sin que el Gobierno central tome medidas para evitarlo.
Hace poco más de un mes que la Audiencia Nacional resolvió que los agentes de la Benemérita debían equipararse en salarios a los de los restantes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque hasta hace poco eran los peor pagados y los que tenían el peor trabajo, habida cuenta del carácter militar del cuerpo. Según fuentes internas del instituto armado, en estos momentos sus salarios están ya casi equiparados a los de los Mossos d’Esquadra, lo que es un logro histórico.
UN DECRETO INVASIVO
Pero mientras la justicia les reconoce sus derechos, los políticos les dan la espalda. El Gobierno catalán publicó el decreto 57/2023, que entró en vigor el pasado 24 de abril, por el que se arrogaba que los Mossos desarrollarán “funciones de seguridad ciudadana, vigilancia de la navegación, vigilancias de acontecimientos que se realicen en el mar, vigilancia de las zonas marítimas protegidas y de las infraestructuras portuarias e instalaciones acústicas”. El decreto está pensado para que los Mossos realicen tareas de seguridad en la Copa América, el principal acontecimiento deportivo del año en todo el mundo, que se celebrará en 2024 en aguas de Barcelona.
Pero los acontecimientos en aguas marinas, según la ley orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dice claramente que “la competencia en materia de policía judicial en los espacios marítimos recae exclusivamente en la Guardia Civil”. Pese a la claridad y la contundencia de la ley, el Gobierno central no ha hecho nada para advertir a la Generalitat de que se extralimita con su decreto e invade competencias ajenas.
ROBAN FUNCIONES AL SEPRONA
“Los Mossos compran embarcaciones para hacernos la competencia como si eso fuese normal, mientras el Gobierno español no hace nada y lo permite. En estos momentos, no sabemos qué va a pasar”, explican fuentes internas de la Benemérita a Metrópoli. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denuncia que lo mismo pasa con el servicio de Seprona: según esta plataforma, el Govern de Pere Aragonès tiene la “clara intencionalidad de ir acaparando poco a poco competencias asumidas por la Guardia Civil”. Ya hace un año que esta asociación denunció que había un acuerdo entre gobiernos según el cual, a cambio de que ERC apoyase los presupuestos del Gobierno central, las competencias del Seprona fuesen asumidas por el Cuerpo de Agentes Rurales. El traspaso de competencias no se materializó, pero el peligro está ahí.
A ello se le añade la peculiar situación política de Catalunya y los permanentes mensajes de odio de un sector del independentismo hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional. Hace tan sólo un mes, AUGC y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se manifestaron en Via Laietana, frente a la sede de la Jefatura Superior de Policía, para “reclamar la Zona de Especial Singularidad en aquellos territorios donde ejercer las funciones de agentes de autoridad para defender los derechos y libertades de los ciudadanos supone un extra de peligrosidad y penosidad, que además sufren las familias de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
OPERACIONES DE CALADO
En lo que respecta a la Guardia Civil, en Barcelona, hay unos 1.800 agentes (el total de Cataluña está en torno a los 3.500). La comandancia de Travessera de Gràcia está al mando de un general de División y los grupos de policía judicial están al mando de un coronel (que hace poco tuvo un grave accidente de tráfico en el que resultó herido). En la comandancia está la unidad orgánica de Policía Judicial, encargada de las grandes investigaciones como la Operación Voloh (que supuso la detención del exsecretario de Organización de ERC, Xavier Vendrell y de varios políticos y empresarios más, además de descubrir la trama de la plataforma Tsunami Democràtic) o la Operación Judas, que supuso la desarticulación de un comando de CDR que preparaba atentados con explosivos y cuyo juicio está pendiente. También tiene una Unidad de Información de Zona, que realiza funciones de inteligencia y que junto con la Unidad de Policía Judicial son los dos puntales de esta comandancia.
Los diferentes grupos operativos tocan todos los temas delincuenciales, desde tráfico de drogas hasta homicidios, estafas, etc. La comandancia alberga también a unos 130 agentes de los GRS, es decir, los antidisturbios de la Guardia Civil. Estos GRS son los encargados de la seguridad de la central nuclear de Tarragona.
EL SERVICIO SE RESIENTE
En Barcelona existe también el Servicio Marítimo Provincial, con base en el Puerto, una compañía Fiscal en el Puerto (que tiene 150 agentes) y otra compañía Fiscal en el aeropuerto de Barcelona, con otros 150 miembros. Fuera de Barcelona, la Comandancia de Sant Andreu de la Barca domina a tres compañías repartidas por el territorio: Vilanova i la Geltrú, Premià de Mar y Manresa. Además, controla los servicios de Seprona (que tiene sedes en Vilanova, Vic y Manresa) y la intervención de armas y explosivos.
Pero pese a este despliegue, la capital catalana no es un plato apetecible para los agentes. “Hace años, venir a Barcelona era un privilegio. Aquí estaban los mejores y podías aprender de ellos. Ahora, todo el mundo huye de aquí”, se quejan los agentes desde dentro del Cuerpo. Una fuente consultada por Metrópoli señala que “Catalunya está bajo mínimos. Cada vez viene menos gente y se va más. Hay unidades que están un 30 o un 40% por debajo de su nivel, como las unidades del Puerto. No tenemos sobrecarga, pero el servicio se resiente, porque en vez de salir cuatro patrullas sólo puede salir una. Lo mismo pasa con el recargo fiscal en el aeropuerto, donde quedamos cuatro gatos si les dan las competencias a otros”.
“ESTAMOS EN UN IMPASSE”
Se puede decir que Barcelona ya no es lo que era. “Y eso se debe a que Barcelona, hoy por hoy, no es un destino atractivo. La gente lo pide como última oportunidad y los que vienen están un año a lo sumo y piden el traslado enseguida. Aquí no se queda nadie”. El ambiente enrarecido y el abandono político son las causas de esa diáspora. “Estamos en un impasse en el que no sabemos lo que va a pasar, si nos van a seguir quitando competencias o no. Y la cosa va a peor”.
Hay varios motivos, pues, por los que languidecen muchos servicios en Barcelona: en primer lugar, la Guardia Civil no está adscrita al 112, por lo que todas las denuncias van a parar a los Mossos, incluidas las que tienen la Guardia Civil como competencia exclusiva. En segundo lugar, porque cada vez hay menos efectivos que piden destino Catalunya. Y en tercer lugar, porque las legislaciones que se aprueban en Catalunya vulneran sus competencias sin que el Gobierno central tome medidas. La desmoralización empieza a cundir entre las filas de la Benemérita mientras los políticos miran hacia otro lado y convierten a los agentes y al Cuerpo en una moneda de cambio o en la ficha de un juego perverso en el que priman los intereses partidistas por encima de la seguridad, la lealtad y la transparencia que debe regir en cualquier gestión pública.