Ángel Gómez-Quintero está a punto de cumplir 70 años, pero no piensa jubilarse. Ya debería de haberlo hecho, pero este agente de los Mossos d'Esquadra licenciado en Derecho quiere continuar trabajando. ¿El motivo? "Tengo una hija con discapacidad y cuanto más cobre yo, más pensión de orfandad le quedará a ella", explica a Metrópoli.
Gómez-Quintero es el estandarte de una lucha interminable. La de decenas de policías del cuerpo catalán que sufren alguna enfermedad y discapacidad y se sienten discriminados, además de obligados a trabajar en condiciones totalmente inadecuadas. El mismo Ángel tiene una incapacidad permanente total derivada de un accidente que lo tuvo 15 años pleiteando hasta que lo compensaron económicamente como tocaba. Ahora, se dedica a ayudar a los que, como él, padecen las consecuencias de convivir con una enfermedad siendo policías.
La segunda actividad
Este mosso fundó en 2007 la Associació per la Integració Laboral dels Mossos d'Esquadra amb Discapacitat (AILMED) y, desde entonces, ha librado demasiadas guerras con distintos consellers y presidentes de la Generalitat. Todo empeoró con la modificación del Decreto de segunda actividad que Ángel califica como "nefasta": desde hace unos años, aquellos agentes del cuerpo catalán que tengan reconocida una incapacidad permanente tendrán que elegir entre seguir cobrando la pensión que esto conlleva —que supone un 55% del sueldo— o seguir trabajando como policías en tareas no operativas.
Una condición que el conseller Joan Ignasi Elena dijo que no se haría realidad, y que ningún incapacitado se quedaría sin trabajo, en una reunión con la Asociación en la que también estaba presente el Director General de la Policía, Pere Ferrer. El encuentro tuvo lugar en 2021 y Elena mandó un mensaje tranquilizador a los agentes, pero en 2023 compareció en el Parlament para mostrarse totalmente contrario a su primera posición: "Pedí públicamente ante los medios que rectificase sus declaraciones o que dimitiese", cuenta Gómez-Quintero.
A la ONU
Este licenciado en Derecho está tan "descontento" con la justicia que ha llevado varios casos de discriminación en los mossos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y de cinco comunicaciones, como él las llama, ha ganado cuatro. "Todas eran contra el Estado español, por una parte, y, por la otra, contra ayuntamientos o el Departament d'Interior". Un camino que solo puedes seguir si agotas todas las vías internas: "Antes de ir a la ONU tienes que pasar por un contencioso, por el Tribunal Superior de Justicia, por el Tribunal Supremo y por el Constitucional".
El periplo está pensado para que cualquier afectado desista por el camino. Pero Ángel no se rinde. Por eso decidió crear también el sindicato, integrado en la fundación, con más compañeros para tener más representación dentro de la policía: "Tenemos una indefensión total", denuncia el fundador.
Más de baja que trabajando
Gómez-Quintero pone el ejemplo de un compañero que vive en un municipio muy alejado de su actual centro de trabajo. Tras pedir el traslado de puesto por una incapacidad, se lo denegaron. En coche, un trayecto de más de dos horas diarias: "Ha pedido una reducción horaria, por lo que solo va a trabajar tres días, perdiendo salario. Al cabo de un par de meses, se coge la baja", retrata Ángel. "Las plazas y funciones tienen que adaptarse a las patologías de cada agente". De lo contrario, iría contra la ley.
Por ello, AILMED Sindical aglutina a todos los mossos que sufren alguna discapacidad, pero también a los que están jubilados, de excedencia o con una incapacidad absoluta. Es decir, toda persona que haya sido miembro del cuerpo.
Se fomenta el mercado negro
Tal y como ya explicó en su día Marc, un agente de los mossos que tras su diagnóstico de leucemia fue discriminado, la pensión que los afectados cobran se destina íntegramente a los gastos por su enfermedad. Pero Hacienda también hace su trabajo. Una elección, la del sueldo o la pensión, que fomenta, según Ángel, el mercado negro: "Antes se podía trabajar en otras funciones, ahora no. Hay pensiones de 500 euros con las que no puedes vivir. Y si trabajas, te la quitan", denuncia.
"Cuando no pueda más, vestiré la toga"
El hombre ha impugnado la Ley de Policía que lo obligaría a haberse jubilado a los 65 años: "Es la Ley General de la Seguridad Social la que dice que puedo estar hasta los 70 en activo". ¿Una vez los cumpla? "Vestiré la toga". Todo por su hija, que también sufre una discapacidad, y por sus compañeros, que se sienten desamparados y desprotegidos.
Ahora, como AILMED Sindical tiene más "poder", como él mismo dice a Metrópoli, pudiendo participar en las elecciones sindicales. Eso sí, para estar presentes en la Comisión Permanente de Segunda Actividad lo hacen con una orden judicial, una medida cautelar, en la mano como seguro.