Escuela concertada Nostra Senyora del Carme de Barcelona, que cierra a final de este curso escolar "por falta de alumnos" / GOOGLE STREET VIEW
Montserrat, la directora de una concertada de barrio de Barcelona que cerró hace dos años: “Mi hermano y yo seguimos en el paro”
Nostra Senyora del Carme, una escuela fundada en 1927 en Sants, tuvo que cesar su actividad por una mala gestión por parte de las administraciones, según la maestra, y no por la bajada de la natalidad
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Han pasado dos años desde que la casi centenaria escuela Nostra Senyora del Carme de Barcelona cerró. Ubicado en Sants, este pequeño centro concertado había estado activo durante los años más duros de la Guerra Civil y la dictadura y llegó a acoger hasta a cuatro generaciones de familias del barrio.
Con todo su pesar, Montserrat Pinyol, la directora, tuvo que cerrar la escuela que había fundado su abuela en 1927 por lo que parecía ser una falta de alumnos vinculada a la bajada de la natalidad. Sin embargo, aquello era solo la punta del iceberg.
Metrópoli se ha puesto en contacto con la directora, quien ha aclarado las causas del cierre de Nostra Senyora del Carme y ha sacado a la luz la serie de trabas con las que las administraciones comprometen a las escuelas concertadas.
“Nosotros estábamos a tope, alumnos no me faltaban”, ha afirmado Pinyol. “El problema venía de la cantidad de vulnerables que teníamos -los que no están obligados a pagar- y acabó siendo insostenible. No llegaba”, ha lamentado.
Infrafinanciación
El Consorci d’Educació aprobó en el año 2019 una resolución en la que se detallaba un plan de choque contra la segregación escolar para evitar que los alumnos de familias más pobres se concentraran en unas pocas escuelas.
Así, la entidad pública adquirió competencias para gestionar a los niños y repartirlos entre los diferentes centros educativos, tanto públicos como concertados, y se comprometió a financiar estas plazas.
No obstante, con los años, se ha visto que esta subvención no es suficiente para cubrir todos los gastos de material escolar, batas, excursiones, libros…
Lo mismo ocurre con el programa Motxilles Escolars de la Generalitat, una normativa similar a la del plan de choque destinada a infantil y que también ha recibido críticas por la infrafinanciación.
Imagen archivo de unas niñas
Ahogo económico
“Teníamos la primaria llenísima y los alumnos del plan de choque no paraban de llegar en cualquier mes del año. ¿Cómo sobrevivo si la mitad no paga la cuota?”, ha denunciado Pinyol, que en su caso eran 65 euros al mes.
A los gastos añadidos de las plazas de los niños vulnerables, ha explicado la directora, se le añaden los gastos de funcionamiento, el alquiler, la luz, el agua, el gas, la limpieza, la secretaría, ordenadores, fotocopias, etc.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat paga el sueldo de los profesores, pero únicamente de los cursos que han logrado cumplir con las ratios para lograr el concierto.
En el caso de Nostra Senyora del Carme, la escuela era la que debía pagar a los maestros de I3, I4 e I5.
Retrasos en los pagos del comedor
Para más inri, la directora ha denunciado que las subvenciones de las becas de comedor llegaban con mucho retraso. “He llegado a cobrarlas al diciembre del curso siguiente, pagaban cuando les daba la gana y lo que les daba la gana”, ha relatado.
A consecuencia de la demora, la propia escuela debía adelantar el dinero, que no incluye solo la comida, sino también los sueldos de los monitores y el servicio de limpieza.
Un comedor de escuela
“Me obligaron a cerrar”
“Yo no esperaba beneficios. Lo único que quería era que saliesen los números para poder pagar el alquiler, los sueldos que me correspondían y continuar con la labor que hicieron mi abuela y mi madre”, ha lamentado Pinyol.
Otras concertadas, especialmente las que forman parte de una misma comunidad religiosa, se ayudan mutuamente. Pero en el caso de las escuelas de barrio como Nostra Senyora del Carme se ven desamparados ante los pagos abrumadores.
“Estábamos solos. Éramos una familia que la llevábamos, yo en la dirección y mi hermano en administración. Solamente queríamos cubrir gastos, pero nos obligaron a cerrar”, ha aseverado la directora.
En el paro
Dos años más tarde del cierre, Pinyol ha explicado que tanto ella como su hermano continúan en el paro.
Muchas de las profesoras del centro, además, tampoco han conseguido trabajo o están en las bolsas de personal docente.
Facilidades en el cierre
La directora ha narrado como, al momento de comunicar el cierre de la escuela, le pusieron “todas las facilidades del mundo”. Lo único que tuvo que pelear fue la reubicación de los niños, pues las administraciones pensaban colocarlos ahí donde hubieran plazas libres.
“Éramos la escuela de la familia para muchos vecinos del barrio. Tenía claro que no quería cerrar y desaparecer”, ha explicado.
La directora luchó y al final consiguió que sus alumnos pudieran matricularse en febrero, antes de iniciar la prematriculación oficial, y con prioridad absoluta.
De esta manera, un gran porcentaje de las familias pudo enviar a sus hijos en los Maristas de Sants, ya que Nostra Senyora del Carme era un colegio adscrito a este centro.
Puerta del colegio de los Maristas
La segregación perseverará
Los últimos años, escuelas y guarderías concertadas pequeñas de una sola línea han ido cayendo una detrás de otra y las que resisten, lo hacen a duras penas.
“Está claro que terminarán con el modelo de la concertada de barrio, pero se pasarán de frenada. Las concertadas de encima de la Diagonal continuarán y los estudiantes del plan de choque no quieren ir tan arriba, más que nada porque no viven allí”, ha argumentado Pinyol.
De hecho, ha matizado como incluso en su escuela los propios alumnos y las familias conocían quiénes pagaban y quienes no, lo que creaba ciertas dinámicas de grupo e incluso malestar.
“Muchos padres a quienes les costaba pagar la cuota veían como algunas de las familias del plan de choque se iban de vacaciones y llevaban móviles de marca… Es injusto”, ha subrayado.
Situaciones como la vivida en esta escuela de Sants ponen de relieve como las normativas de la Generalitat y el Consorcio para evitar la segregación escolar podría terminar impactando en su contra y en la de los alumnos de las áreas más vulnerables de Barcelona.
