Montaje de Kathy Díaz, presidenta de Aprovij, y su piso okupado
El infierno de Kathy, víctima de okupación: "Tendré que tirar abajo el piso cuando lo recupere, es insalvable"
La propietaria ganó el juicio, pero el lanzamiento se suspendió por una normativa del Gobierno aprobada durante la pandemia que anula los desahucios de las personas vulnerables
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“Ya no sé qué más hacer”. Kathy Díaz, vecina de Barcelona, vive un infierno desde hace cinco años que ha escalado a niveles exasperantes. Pese a tener una sentencia judicial a su favor, no puede echar a una okupa de su piso y ve cada día cómo lo va llenando de trastos y lo deja descuidado por la treintena de gatos que ha acogido sin permiso.
Kathy se compró un dúplex de unos 110 metros cuadrados en el pueblo costero de Moncofa, Castellón, para utilizarlo como segunda residencia los fines de semana. A raíz de un cambio en sus horarios, ya no podía bajar al pueblo valenciano tan a menudo y decidió ponerlo en alquiler, a unos 300 euros.
“Era 2019 y en ese momento, la inseguridad con el tema de la okupación empezaba a crecer. Por eso, decidimos alquilarlo, por miedo a que nos ocurriera”, explica Kathy en una entrevista a Metrópoli.
Dejó de pagar el alquiler
Lo que no se esperaba la mujer era que la propia inquilina iba a convertirse en lo que buscaba evitar. La inquiokupa, nacida en un pueblo de Euskadi, pagó los primeros meses del alquiler, pero en mayo de 2020 y con la excusa de la pandemia, dejó de abonar la renta.
“Me iba dando largas… Yo empaticé porque todos hemos pasado por situaciones difíciles, pero pasó un año entero y todavía no había pagado ni el alquiler ni los suministros”, narra la propietaria.
El piso okupado de Kathy en Castellón
A los pocos meses de no pagar, la inquiokupa cambio su discurso para ir de frente. “Me dijo que era mi obligación mantenerla y que no se me ocurriera cortarle los suministros, que ella sabía muy bien qué tenía que hacer si lo hacía”, cuenta Kathy.
La ley que protege a los okupas
Durante la pandemia se aprobó el Real Decreto 11/2020, de medidas urgentes por la covid, en el que se incluía la suspensión de los desahucios y lanzamientos, aunque exista una sentencia judicial en contra del inquilino, siempre y cuando este pruebe que es vulnerable.
Propietarios como Kathy denuncian que esta normativa, que “tenía sentido” durante la pandemia, se ha ido prorrogando y seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de este año, lo que les genera inseguridad jurídica.
El último aplazamiento se produjo este enero, pues formaba parte del decreto ómnibus pactado por PSOE y Junts para garantizar las ayudas al transporte público, entre otras.
Sentencia firme
Después de casi dos años, Kathy vio la luz al final del túnel. El juez le dio la razón y ordenó el desalojo del piso. No obstante, el lanzamiento quedó suspendido por la normativa y todavía está pendiente de realizarse.
Asimismo, el magistrado condenó a la okupa a devolverle los más de 13.000 euros que le debía en ese momento por la renta, pero la propietaria todavía no ha visto ni un céntimo y la deuda ha ido acumulándose hasta casi los 18.000 euros.
Oleada de denuncias
Durante estos cinco años de impago, la inquiokupa ha denunciado a Kathy diversas veces por coacciones. Una de ellas, no estuvo bien notificada y perdió el juicio por no comparecer, de manera que le cayó una multa de 150 euros y restablecer el suministro.
En total, estuvo un año y medio pagando la luz y cuatro años pagando el agua, todo ello mientras atravesaba una situación económica muy complicada. A día de hoy, le continúa teniendo que pagar la tasa de residuos del municipio.
30 gatos sin cuidados
“Sé que cuando recupere mi piso después de haber mantenido a una persona durante cinco años tendré que tirarlo abajo, es insalvable”, afirma Kathy.
La barcelonesa explica que la inquiokupa tiene cerca de 30 gatos sin castrar, sin vacunar, sin arenero y casi sin comida en el piso. “Unas vecinas que han podido entrar me han dicho que las puertas ni cierran porque están bufadas por la orina”, cuenta la mujer.
Y eso no es todo. Además de que la okupa tiene la escalera llena de “trastos”, ha llegado a destrozar la puerta de una de las vecinas y a amenazarla.
Puerta destrozada por la inquiokupa a una de las vecinas de la finca
A pesar de que Kathy ha puesto varias denuncias contra la okupa ante la Guardia Civil y protectoras de animales, “nadie hace nada”.
Esperar, la única solución
La propietaria indica que ya no sabe qué más hacer. Ahora que todos los juicios pendientes ya están cerrados, solamente le queda esperar a que la normativa que suspende los lanzamientos termine.
“Es un desgaste psicológico y emocional bestial. Cada prórroga de este decreto es un martillazo”, lamenta.
Un mensaje al Gobierno
A finales de noviembre pasado, 14 propietarios víctimas de okupación de toda España se juntaron y crearon la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), de la que Kathy es la presidenta, y que ya aglomera más de 1.000 personas.
“El gobierno ha decidido poner al propietario como chivo expiatorio, diciendo que somos los culpables, cuando son ellos los que nos han quitado la seguridad jurídica”, argumenta la presidenta.
“A la ministra Isabel Rodríguez, le digo que se reúna con los propietarios, que nadie nos da voz. Te retamos a que escuches de primera mano cómo sufrimos”, afirma.
