Una calle de El Raval en Barcelona Barcelona
Desahucian a siete familias con menores que vivían de alquiler en un bloque del Raval
El juzgado decretó el lanzamiento debido al riesgo de derrumbe
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Los Mossos d'Esquadra han desahuciado este miércoles a siete familias -15 adultos y dos menores- que vivían de alquiler en la calle Tigre, 24, en el barrio de El Raval ante el riesgo de derrumbe.
El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que cuatro de las familias desalojadas se han derivado al centro de servicios sociales porque carecen de alternativa habitacional, mientras que las tres restantes han conseguido un alojamiento por su cuenta.
En el bloque de viviendas todavía quedan otras cuatro unidades de convivencia.
Derrumbe
El Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda y Ocupación (SIPHO) de Barcelona está haciendo seguimiento de la situación de las familias afectadas desde el pasado 22 de diciembre, día en que el juzgado de primera instancia número 22 les informó de la ejecución del desahucio.
La sentencia se ha ejecutado en cumplimiento de las medidas cautelares interpuestas ante el riesgo de derrumbe.
Según fuentes municipales, el 23 de diciembre el SIPHO se personó en el lanzamiento y aportó a la comitiva judicial el informe de Bombers de Barcelona que indicaba que "hacen falta medidas de reacondicionamiento del inmueble, pero no había un riesgo inminente en el edificio".
La propiedad se negó a suspender el lanzamiento
Además, el servicio de intervención solicitó a la propiedad que suspendiera el lanzamiento, inicialmente prevista para el 23 de diciembre, sin llegar a un acuerdo.
"La representación de la propiedad no quiso suspender el lanzamiento, amparándose en el mal estado de la finca y el riesgo que comporta que haya personas viviendo", por lo que se aplazó hasta este miércoles 7 de enero, ha indicado el consistorio.
Un edificio de viviendas en el Raval en una imagen de archivo
Contratos de alquiler en vigor
Según el sindicato, las familias afectadas tienen contratos de alquiler en vigor, están al corriente de pago y además, hay informes de los bomberos que certifican que no hay riesgo de derrumbe.
El sindicato sostiene que el objetivo de la propiedad era que los vecinos se marcharan del edificio para poder rehabilitarlo y alquilar los pisos a precios más elevados.
Explican que, durante meses, las familias afectadas han sufrido acoso, que la propiedad no ha hecho actuaciones de mejora necesarias en el edificio y que, incluso, ha rechazado el pago de los alquileres del mes de diciembre.
