Los vecinos concentrados en el bloque Sant Agustí de Barcelona para impedir un desahucio
Entidades piden a Interior que frene las multas en desahucios tras 88 sanciones en un año
La denuncia se ha producido en una rueda de prensa frente a la sede de Interior en Barcelona, donde han participado la plataforma jurídica Alerta Solidària, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) y el Sindicat d’Habitatge de Les Corts
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Diversas organizaciones de defensa del derecho a la vivienda y de la izquierda independentista han reclamado este jueves al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya que paralice las sanciones administrativas impuestas a manifestantes en contextos de desahucios.
La denuncia se ha producido en una rueda de prensa frente a la sede de Interior en Barcelona, donde han participado la plataforma jurídica Alerta Solidària, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) y el Sindicat d’Habitatge de Les Corts. Los colectivos aseguran que en 2025 se han impuesto un total de 88 multas relacionadas con actuaciones en movilizaciones vinculadas al derecho a la vivienda.
Denuncian el uso de la Ley de Seguridad Ciudadana
Según las organizaciones convocantes, 87 de esas sanciones se habrían aplicado en el marco de la conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada “ley mordaza”, aprobada en 2015. Los colectivos sostienen que estas multas afectan a personas que participaron en protestas pacíficas contra desahucios y defienden que se trata de una “criminalización” del derecho a la protesta.
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Las entidades denuncian lo que consideran una “deriva represiva” por parte de la administración y piden que se deje de utilizar este tipo de sanciones en contextos de movilización social vinculada a la vivienda.
Un caso concreto en Les Corts
Durante el acto, los colectivos han puesto como ejemplo un caso ocurrido en el barrio barcelonés de Les Corts, donde hace un año tres familias con menores fueron desahuciadas de una vivienda que califican de “vacía” y propiedad de un gran tenedor.
A raíz de aquella movilización, 53 personas han sido sancionadas por su participación en la concentración posterior frente al inmueble, según han explicado las entidades.
Críticas a Interior y al Govern
El portavoz de Alerta Solidària, Martí Majoral, ha criticado tanto la aplicación de las sanciones como la falta de modificación de la normativa estatal. En su intervención, ha denunciado que la aplicación de estas multas responde a criterios que considera poco transparentes y ha acusado a las administraciones de no haber avanzado en la revisión del marco sancionador.
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Majoral ha asegurado que, en su opinión, los criterios de protección del derecho a la protesta pacífica han quedado “sin efecto” en la práctica y ha cuestionado la actuación del actual Ejecutivo catalán en esta materia.
Por su parte, la portavoz del Sindicat d’Habitatge de Les Corts, Paula Asensio, ha reclamado que se garantice el derecho a la protesta en el contexto de los desahucios y ha denunciado lo que considera una persecución del movimiento por el derecho a la vivienda.
El derecho a la vivienda, en el centro del conflicto
Desde la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), su portavoz, Marta Espriu, ha señalado que el problema habitacional sigue siendo estructural en Catalunya. Según datos del observatorio DESCA citados por las entidades, alrededor de 13.200 familias se encuentran actualmente en riesgo de desahucio.
En este contexto, las organizaciones denuncian que las sanciones a manifestantes contrastan con la falta de penalización efectiva hacia los grandes propietarios en casos de incumplimientos normativos, según su interpretación.
Llamamiento a la movilización
Los colectivos han advertido de que continuarán con sus acciones de organización y movilización en defensa del derecho a la vivienda. Bajo el lema de “más organización ante la represión”, insisten en que el movimiento por la vivienda seguirá activo frente a lo que consideran una intensificación de las sanciones administrativas.
El conflicto entre las organizaciones de vivienda y la administración vuelve así a situar el debate sobre el uso de sanciones en el marco de las protestas sociales y el acceso a la vivienda en el centro de la agenda política en Catalunya.
