Una joven que ronda la veintena de años abre la puerta de la antigua oficina bancaria. Detrás, emergen de la oscuridad un adolescente y una niña agarrada a la pierna de la chica que no supera los 10 años. Solo hay tiempo para un breve saludo, pues un hombre aparece a continuación para echar de malas maneras al periodista. La puerta se cierra y la familia sigue con sus cosas, ajenas a las quejas de vecinos y comerciantes que desde hace meses denuncian la ocupación ilegal de este local y de otros dos más ubicados en un radio de apenas 50 metros de distancia en el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova (Gràcia).
Vecinos, comerciantes y el propietario de uno de los locales alertan sobre la insalubridad e inseguridad en que viven estas familias. Relatan que entre ellos viven, al menos, media docena de menores y algunos apuntan a las mafias de la okupación como responsables de estos movimientos. El recuerdo de la trágica muerte de una familia que okupaba un local en la plaza de Tetuan está muy vivo y los vecinos temen por la seguridad de estas familias, pero también por la suya. "Nos preocupa que el edificio pete", señala una mujer que reside en el mismo inmueble.
UNA FUENTE DE INGRESOS INDISPENSABLE
Primero entraron en esta oficina del BBVA en el número 145 de la calle de Providència. Es un amplio bajo de un edificio de viviendas de ocho plantas. Una vecina ubica la okupación en julio. El 7 de septiembre, otro grupo de personas reventaba la reja y la puerta de un segundo local en el 84-90 la calle de Pau Alsina, otro bajo con un segundo piso que hasta septiembre de 2020 acogía una escuela de idiomas. Carlos (nombre ficticio), familiar de la propietaria, llamó a la policía para evitar la entrada furtiva, pero la presencia de menores impidió un desalojo en caliente, según le comentó un sargento de los Mossos d'Esquadra. La tercera okupación tiene lugar en una antigua peluquería.;">
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Carlos denuncia el "prejuicio brutal" que provoca la presencia de, al menos, siete personas en el local de su hermana, una mujer enferma de 68 años que vive en una residencia. Los ocupantes (tres mujeres jóvenes, dos adolescentes y dos niños) bloquean el alquiler apalabrado con una escuela de música, cuyo importe necesita para hacer frente a los gastos del geriátrico. Mientras, él sigue pagando el IBI mensual del local.
Un vecino graba el momento en que los okupas entran varios colchones a la escuela de idiomas / CEDIDO
LUZ PINCHADA
El local de la familia de Carlos tiene una decena de aulas, cuatro váteres y dos pilas, aunque no tiene agua. Tampoco luz, ya que Repsol cerró el suministro antes de la okupación porque la familia dejó de pagar las facturas de 150 euros que le cobraba la multinacional, a pesar de contar solo con una alarma conectada. Los ocupantes consiguen la electricidad de manera fraudulenta pinchando los contadores eléctricos. Así lo informa la misma compañía con un papelito. Los vecinos sospechan que los habitantes de la antigua oficina bancaria también pinchan la luz. Lo que sí confirma algún vídeo es que este grupo usa estufas eléctricas.
La mala fortuna se ha cebado con este barcelonés que se enfrenta por segunda vez a una okupación. En mayo, los inquilinos de otra casa en alquiler en un municipio barcelonés, también de su familiar, montaron una plantación de marihuana y dejaron de pagar. La policía cerró el cultivo, pero jamás recuperaron el ingreso perdido de siete meses de alquiler.
EXTORSIÓN
Los ocupantes de la escuela de idiomas irrumpieron en la oficina con colchones y somieres, cambiaron la cerradura y pidieron 10.000 euros a cambio de marcharse. Carlos lo rechazó de plano y les ofreció una cantidad mucho menor. Al principio aceptaron, pero a la hora de la verdad se retractaron y le cerraron la puerta en los morros. De ahí no se iban a mover. "Sabían muy bien lo que hacían. Me da la impresión de que se da una visión de que son una pobre gente, pero para mí son grupos organizados", opina el hombre, para quien la presencia de menores es una "responsabilidad" de los padres. "Los usan de pantalla".
Metrópoli ha preguntado al Ayuntamiento por estas tres okupaciones, pero el consistorio solo ofrece una respuesta genérica. "Los servicios sociales hacen seguimiento de todas las situaciones sociales que existen. También las de máxima precariedad y las más invisibles incluso para el resto de administraciones, sin estigmatizar y sin vulnerar sus derechos esenciales como el de la privacidad u honor", comenta un portavoz.
Los vecinos se concentran el día de la okupación de la academia de idiomas el 7 de septiembre / METRÓPOLI
Vecinos y comerciantes llaman al teléfono de Civismo del Ayuntamiento porque los okupas arrastran chatarra por la calle, su fuente de ingresos. Las mujeres rebuscan entre los contenedores y dejan en el suelo lo que descartan, además de ensuciar la vía pública con orines y heces. "Cualquier cosa que represente salir de tu zona de confort sorprende. Nos sentimos intimidados y observados", comenta una vecina, que pide anonimato, como la media docena de personas consultadas para la elaboración de este artículo. En las reuniones vecinales para atajar el problema los ocupantes les han fotografiado. Cuando el 7 de septiembre los residentes del inmueble hicieron lo mismo con los ocupantes, estos reaccionaron con hostilidad.
156 NIÑOS VIVEN EN LOCALES
Carlos siente una "indefensión absoluta" ante la "pasividad" del Ayuntamiento y policía. Cuenta que la Guardia Urbana derivaba sus llamadas a los Mossos y que este cuerpo no ha hecho nada para sacarles. También reprocha la respuesta que le dieron desde los servicios sociales municipales cuando informó de que había niños. "Me dijeron que debían proteger a las personas con necesidades sociales, pero a nosotros que pagamos los impuestos, ¿quién nos protege?", se queja. Los menores que habitan estos tres locales son una pequeña parte de los 156 niños que viven en oficinas vacías de Barcelona. La cifra total de menores en locales y chabolas de la ciudad sube hasta los 209, según cifras del consistorio.
El PP de Barcelona se interesó por el caso de la academia de idiomas y el regidor Josep Bou trató, sin éxito, de convencerles que aceptaran las ayudas de los servicios sociales. Una mujer recriminó que le grabaran durante la conversación y mencionó a un "sindicato" que acudiría en su ayuda. Se refería al Sindicat de l'Habitatge de la zona que, efectivamente, el 29 de octubre evitó un primer intento de desalojo judicial con una protesta enfrente del edificio con decenas de activistas antidesahucios.
Bou intentó poner en contacto a la regidora de servicios sociales, Laura Pérez, con el afectado, pero no fructificó. Desde ERC, el consejero de distrito Miquel Colomé también conoce esta situación. "Desde el distrito nos cuentan que lo tienen controlado. Hay niños y alguno de ellos está escolarizado", cuenta.
SIETE OKUPACIONES
El político independentista señala que estas tres situaciones son "muy difíciles de abordar" y matiza que estas familias "no son problemáticas" como sí ocurre en otros casos. "Las administraciones están desbordadas", observa Colomé que contabiliza hasta siete okupaciones en diferentes locales en el barrio del Camp d'en Grassot y en la calle de Escorial, limítrofe con la Vila de Gràcia. En los últimos meses ha habido otros intentos de entrar en locales, frenados por los vecinos.
La escuela de idiomas okupada se encuentra en los bajos de este edificio de la calle de Pau Alsina / METRÓPOLI
El abogado de Carlos denunciará próximamente la okupación y ya cruza los dedos para que un juez ordene el desalojo pronto. "Veremos la inversión que deberemos afrontar cuando se marchen", observa este hombre que teme encontrarse el interior de la academia desvalijado y destrozado.