El presidente del PP en Barcelona, Josep Bou, hablando con un menor en una casa okupada en Gràcia / PP BARCELONA

El presidente del PP en Barcelona, Josep Bou, hablando con un menor en una casa okupada en Gràcia / PP BARCELONA

Información municipal

Bou denuncia la "impunidad" de los okupas en Gràcia

El presidente del PP en Barcelona se ha personado en un local okupa donde viven unas 10 personas, entre ellas tres niños

17 septiembre, 2021 14:10

Noticias relacionadas

El presidente del grupo municipal del Partido Popular, Josep Bou, se ha presentado este jueves en un local ocupado en el distrito de Gràcia. El popular ha estado hablando con los okupas del establecimiento y ha denunciado la "impunidad" con la que viven. El local okupado es un bajo comercial de la calle Pau Alsina que los propietarios tenían anunciado para alquilar.

Una de las okupas incluso ha reconocido que una asistenta social del Ayuntamiento de Barcelona les había recomendado seguir ocupando la zona. El presidente del grupo municipal ha manifestado su intención de "averiguar esta situación" y pedir explicaciones, en caso de que sea cierto, a Servicios Sociales.

VECINDARIO IMPOTENTE

Los vecinos de Gràcia han asegurado a Bou que se sienten "impotentes" y ya no saben qué hacer. El local lleva okupado desde el 7 de septiembre y ni siquiera los Mossos d'Esquadra pudieron hacer nada. “Nos decían que les denunciásemos porque saben que con la denuncia ya tienen la confirmación legal de que están viviendo en el local”, aseguran fuentes vecinales.

En la propiedad okupada viven unas 10 personas, entre ellas tres niños.

El presidente del PP en Barcelona, Josep Bou, hablando con okupas en Gràcia / PP BARCELONA

El presidente del PP en Barcelona, Josep Bou, hablando con okupas en Gràcia / PP BARCELONA



A FAVOR DE UNA LEY MÁS DURA

El PP vuelve a poner sobre la mesa la necesidad, según el partido, de impulsar una ley estatal que impida este tipo de ocupaciones ilegales.

La ley, que los populares ya han propuesto a nivel nacional, contempla penas de cárcel de entre 1 y 3 años, la posibilidad de desalojarles en 24 horas, la imposibilidad que se puedan empadronar y que las comunidades de vecinos tengan poder para acudir a los tribunales a denunciar y actuar contra ellos.