Desesperación entre los vecinos del pasaje de Alió de Barcelona y las calles aledañas. La impunidad con la que actúa en esta zona un grupo de jóvenes --con menores de unos 11 años entre ellos-- que han ocupado casi un edificio entero y han establecido un narcopiso ha llevado a los residentes en el paseo de Sant Joan, el pasaje de Alió, y las calles de Roger de Flor e Indústria, entre otras, a un escenario "insostenible".
Así lo explican a Metrópoli residentes de la zona que, tal y como se hizo eco este digital, añaden que este grupo se dedica al robo, al asalto y a la venta de drogas, además de los conflictos frecuentes que protagonizan entre ellos.
Son varios los grupos municipales interesados por una situación que se prolonga desde hace ya unos años y que, lejos de solucionarse, no ha hecho que agravarse. Más ahora que, con el inicio de curso, ha retomado su actividad una escuela infantil a escasos metros del bloque ocupado. Día a día, padres y madres llevan a sus hijos esquivando los restos de cristales, residuos, jeringuillas y las miradas desafiantes y furtivas de este grupo que, de facto, actúan como banda callejera.
Inseguridad
"Tenemos miedo, por nosotros, por nuestros hijos e hijas y por nuestros mayores", relata a Metrópoli Santiago, vecino de una calle aledaña que, pese a no vivir en la misma vía, sufre las consecuencias.
Y matiza: "no estamos hablando de okupas corrientes que, salvo un ruido ocasional, no molestan. En ese edificio hay varios pisos okupados por gente que termina a gritos muy a menudo. Con fiestas todas las semanas, drogas, alcohol y peleas. Esta gente está terminando con la vida en el barrio". Tal es el punto que hay vecinos que han comenzado a mudarse por temor.
Implicación política
En respuesta, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona ha avanzado que plantearán un ruego en la sesión plenaria de septiembre, en la que pedirán la instalación de cámaras de videovigilancia.
Asimismo, el grupo de Trias per Barcelona ha anunciado también una batería de hasta once preguntas para interesarse por la situación y conocer qué ha hecho el consistorio para solucionar el problema.
Más aún, el grupo que lidera Jordi Martí ha acordado este miércoles con el gobierno de Collboni la elaboración de un censo para detectar todos los narcopisos y locales conflictivos de Barcelona, así como también en los que se lleven a cabo actividades ilegales.
Al respecto, el concejal del Ayuntamiento Juan Milián (PP), ha explicado a este digital que "los vecinos han transmitido su miedo, incluso, a denunciar por las represalias de estos okupas. En el mismo edificio se ha instalado un narcopiso. Al problema de la okupación se añaden robos, violencia, ruidos todas las noches y problemas derivados de las drogas. Se está generando un cóctel explosivo y se está degradando la convivencia. Los vecinos están desesperados".
"Desde el PP hemos exigido al Ayuntamiento que pongan cámaras de seguridad, haya un refuerzo policial permanente en aquella calle y presionen, desde el punto de vista de la seguridad, para echar a los okupas. También que se aceleren los trámites necesarios en la Generalitat para arreglar la situación judicial del edificio y expulsar a los okupas".
Limbo legal
¿Cuál es esa situación legal? Según las fuentes consultadas, el edificio carece hoy en día de propiedad --el antiguo propietario murió y todavía no se ha designado heredero--, por lo que no hay nadie a quien se le pueda reclamar algún tipo de acción para echar a estos inquilinos que "viven con la luz y el agua pinchados y en condiciones totalmente insalubres".
Los residentes de la zona explican que quienes se han interesado por la situación advierten que "hay que tener paciencia, que va para largo, que mínimo uno o dos años". "No podemos aguantar este tiempo", retoma Santi. "Si la situación continúa así va a haber más pronto que tarde una desgracia", asevera. Y es que, por mucho que sean "niños o jóvenes de no más de 20 años, van todos armados".
Por el momento, "nos estamos uniendo los vecinos de la zona para atiborrar a llamadas al 112 a la mínima que vemos que hay lío y estamos valorando manifestarnos en la plaza de Sant Jaume, frente al Ayuntamiento", anuncia.
Peleas tumultuarias
En las últimas semanas, se ha visto a miembros de este grupo --en el que se encuentran varios menores cuya edad ronda los 10-12 años-- saltar entre balcones, colándose así en las terrazas de vecinos de bloques aledaños.
Así las cosas, "pedimos vigilancia constante de la calle, que se fiche a estas personas, que se les tenga controlados y sientan la presión policial para evitar daños mayores". Y es que el pasado sábado, 7 de septiembre, tuvo lugar una pelea multitudinaria en este edificio entre los inquilinos de varios inmuebles.
Según confirman los Mossos d'Esquadra a este medio, recibieron un primer aviso de la riña sobre las 06:00 horas, pero, tras una ronda de identificaciones, tuvieron que volver a actuar con el apoyo de la Guardia Urbana. El dispositivo se saldó con seis detenidos, uno de ellos herido de carácter leve por pelea tumultuaria. Desde la perspectiva vecinal, vieron como se llevaban a uno de los detenidos con la cara ensangrentada. Al día siguiente, uno de los detenidos ya volvía a rondar la zona. Las reyertas se han retomado este pasado fin de semana.
Impunidad
Se trata de un joven llamado Zacarías, uno de los perfiles más peligrosos de entre el grupo que se ha adueñado del lugar. "Sabemos que es uno de los perfiles más peligrosos porque a menudo escuchamos a gente gritar su nombre pidiendo que pare", señalan los residentes.
Con todo, la situación se agrava para unos vecinos que creían que habían llegado al límite. Al igual que el PP, Junts también ha comenzado a tomar cartas en el asunto, lo que implica una cierta movilización por parte de los representantes municipales. No obstante, el limbo legal en el que se encuentra el inmueble da manga ancha para operar a un grupo que ha instaurado un régimen del terror en el barrio del Camp d'en Grassot i Gràcia Nova.