La calle Verdi, en Gràcia, es una de las más conocidas de Barcelona / HUGO FERNÁNDEZ
Barcelona mantiene el bloqueo a decenas de viviendas potenciales en Gràcia
El Ayuntamiento recurrirá la sentencia del TSJC que tumbó la MPGM aprobada por el gobierno de Ada Colau para favorecer la reserva de vivienda protegida en el distrito “a costa de los propietarios”
Contexto: El TSJC da la razón al sector inmobiliario y anula el plan urbanístico de Gràcia al considerar inviable la promoción de vivienda pública
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El Gobierno de Ada Colau sacó adelante en febrero de 2022 una normativa urbanística que, a priori, iba a multiplicar el parque de vivienda protegida en el distrito de Gràcia. Una medida que se sumaba a la ya existente reserva obligatoria del 30% de vivienda asequible en las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones.
La Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia rebaja el umbral de aplicación de esta reserva del 30% a las parcelas de mínimo 400 metros cuadrados --en lugar de 600, como en el resto de la ciudad--.
También establece que los locales en planta baja que se transformen en vivienda se destinen obligatoriamente al parque de vivienda protegida, así como que, en el caso de pisos de 160 metros cuadrados o más que se dividan, al menos la mitad de las unidades resultantes se destinen a protección oficial.
Tal y como ha ocurrido con el 30%, el resultado de esta norma urbanística ha sido escaso. A día de hoy, varias viviendas potenciales del distrito de Gràcia continúan bloqueadas por la imposibilidad de llevar a cabo un cambio de uso o una reforma por no ser actuaciones económicamente viables para sus propietarios.
El TSJC da la razón al sector privado
Precisamente, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tumbó la semana pasada la MPGM al estimar el recurso de las principales entidades inmobiliarias catalanas, que criticaban que la norma suponía una carga singular para los propietarios, ya que la administración ni siquiera contempla otorgar ayudas o indemnizaciones.
En una sentencia consultada por Metrópoli, la Sala declaró nula de pleno derecho la normativa y avaló el informe pericial que denunciaba que las medidas trasladan la obligación de hacer vivienda social exclusivamente al promotor, cuando es una necesidad que debe ser compartida con la administración pública.
Fachada de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)
El Supremo deberá pronunciarse
El sector privado celebró el dictamen del alto tribunal catalán. Sin embargo, la sentencia no es firme y fuentes municipales han confirmado a este digital que el Ayuntamiento prevé recurrir la resolución.
Por tanto, será el Tribunal Supremo el que deberá dictar sentencia sobre la cuestión.
“Es difícil anticipar qué impacto tendría una eventual sentencia definitiva del Supremo, porque probablemente llegará dentro de varios años y en un contexto normativo muy distinto al actual”, advierte la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), Montserrat Junyent.
La presidenta del COAPI de Barcelona, Montserrat Junyent, en una entrevista con Metrópoli
Políticas de vivienda
Junyent --cuya asociación es una de las impulsoras del recurso contra la normativa-- insiste en que la resolución del TSJC pone sobre la mesa la necesidad de que las políticas de vivienda sean viables también desde un punto de vista económico.
“Cuando una regulación dificulta o hace inviables determinadas actuaciones, acaba limitando la generación de nueva oferta residencial”, afirma.
“Se pierden viviendas”
Es el caso de una mujer que tiene un piso de oficinas en la Vila de Gràcia y que ha explicado a Metrópoli que quiere devolverle el uso residencial, ya que anteriormente había sido su hogar.
Sin embargo, con la MPGM, está obligada a convertir el apartamento en una vivienda de protección oficial bajo un supuesto muy particular.
Según explica su abogado, Xavier Nadal, del despacho Pareja & Associats Advocats, en el inmueble son unos 15 o 20 propietarios y ella es la única que, al querer cambiar de uso, está obligada a poner su apartamento como vivienda asequible.
El eje comercial de la calle Gran de Gràcia de Barcelona
Debido a esta problemática, que espera una resolución del Tribunal de Instancia, Barcelona “tiene una vivienda menos”, en palabras de Nadal. Y no es la única, ya que su despacho representa a más ciudadanos que se encuentran en situaciones similares.
El 30%, el problema de fondo
En todo caso, la presidenta de los API recuerda que Gràcia continuaría estando regida por el marco de la reserva del 30%, que en siete años de aplicación tan solo ha servido para construir 34 pisos públicos, en vez de los 2.000 previstos.
Pese a la promesa de Jaume Collboni para modificar la norma durante su mandato, las negociaciones están paralizadas, como mínimo, hasta las próximas elecciones municipales.
