El alcalde de Badalona y presidente del Comité de alcaldes del PP, Xavier García Albiol / EFE

El alcalde de Badalona y presidente del Comité de alcaldes del PP, Xavier García Albiol / EFE

Gran Barcelona

El juez cita a Albiol por el caso de la instalación ilegal de las antenas de la Guardia Urbana

El alcalde de Badalona, que no pudo declarar el pasado 9 de marzo por el confinamiento, está investigado por un delito de malversación urbanística y de caudales públicos

14 julio, 2020 00:00

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El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, deberá declarar este próximo martes 14 de julio ante un juez de Badalona por el caso de la supuesta instalación ilegal de las antenas de telefonía móvil, cerca de la comisaría de la Guardia Urbana de la localidad, construidas durante el anterior mandato del popular.

Albiol, que no pudo declarar el pasado 9 de marzo por la pandemia de la Covid-19, deberá defenderse ahora de los dos delitos por los que ha sido investigado: un delito de malversación urbanística y otro delito de malversación de caudales públicos; ya que él era el responsable como presidente de Engestur -sociedad municipal que desarrolla una parte muy voluminosa del urbanismo de la ciudad- y como alcalde con competencias en Urbanismo.

ANTENAS SIN LICENCIA

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona investiga este caso a raíz de una querella de la Fiscalía. Según la acusación, las antenas están sin legalizar desde que el equipo de Albiol autorizó su instalación en 2012, supuestamente con el objetivo de que el consistorio obtuviera a cambio recursos económicos de parte de las compañías de telefonía para reformar la comisaría de la Guardia Urbana.

Para la Fiscalía, la instalación de estas infraestructuras bajo sospecha de Vodafone y Movistar resultó "abiertamente irregular", ya que requerían de una licencia urbanística, que nunca se logró. Las antenas se instalaron "sin tramitar ni contar con título habilitante alguno que las legitimara", ni con el permiso de desarrollo de actividad ni para la ocupación y explotación de un espacio público, según la querella. El terreno es de titularidad pública.

UNA INSTALACIÓN A CAMBIO DE NADA

Además, según el PPC de Badalona, tampoco se cobraron estos supuestos recursos económicos a cambio de la instalación. Lo que hace que todo el caso todavía resulte más extraño y que las antenas sigan ahí, sin ningún beneficio para el que supuestamente habían sido construidas: obtener dinero para la mejora de la sede de la Guardia Urbana de Badalona.

Pero es que los beneficios también serían, supuestamente, bastante irrisorios teniendo en cuenta el objetivo al que se querían destinar. En el informe elaborado por el tesorero del Ayuntamiento se especifica que “la tasa que se ha dejado de cobrar entre 2012 y 2018 asciende a 617,40 euros”, informaron fuentes del Partido Popular badalonés, el pasado mes de marzo, cuando se supo que Albiol tenía que declarar al respecto.

EL JUEZ CITA AL EXREGIDOR DE ERC

El juez también ha citado para este martes como investigado por los mismos delitos que Albiol al exprimer teniente de alcalde Oriol Lladó (ERC), que ostentó el cargo de concejal de Urbanismo durante dos meses, en tiempos del mandato de la exalcaldesa Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú.

En cambio, el propio juez ya rechazó en su momento imputar a Sabater, tal y como pedía la Fiscalía, en este caso por los delitos de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delitos. Y es que la exalcaldesa reconoció en una entrevista en Televisió de Badalona, en octubre de 2019, que su equipo "heredó" el problema de estas antenas y trató de resolverlo, antes de denunciarlo.

UNAS ANTENAS IMPOPULARES

La instalación de las antenas no ha sido sólo polémica por las supuestas ilegalidades y por consumir energía eléctrica de forma gratuita sino, también, por los problemas de salud que pueden acarrear a las personas que viven o trabajan cerca.

El Turó d’en Caritg es el punto donde se genera "la más alta radiación a niveles permitidos de toda Catalunya", denunciaba una solicitud de retirada que el Sindicato de Funcionarios de Policía (SPF) dirigió a la exalcaldesa, en el 2018. Unas denuncias que, a día de hoy, el sindicato sigue manteniendo y reclama que se retire la instalación porque “con la salud de los trabajadores no se juega”.