La Sindicatura de Cuentas ha aflorado irregularidades en el Ecoparc 4 cuando el antiguo número dos de Eloi Badia, Joan Pinyol, lo dirigía.
Según informa este viernes Crónica Global, el fiscalizador ha alertado de anomalías en el contrato de gestión cuando el alto cargo, escudero del responsable de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pilotaba la instalación.
Así lo asegura el organismo público en su informe 19/2020, publicado esta semana. El examen es relativo al ejercicio del año 2016, cuya gestión es íntegramente imputable a Pinyol, puesto que fue nombrado gerente de Medio Ambiente del AMB por Badia en agosto de 2015. El propio Badia destituyó a Pinyol en 2019 y nombró en su puesto a Inma Mayol, exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona, cargo que él ocupa ahora.
LAS POLÉMICAS DE PINYOL
De 2015 a 2019, Pinyol dejó varias polémicas en su gestión. La Sindicatura advierte "irregularidades" en el contrato de concesión de obra pública para la gestión del Ecoparc 4. Esta instalación en Hostalets de Pierola (Barcelona) es un consorcio de trata de residuos de la Ciudad Condal y su conurbación. El AMB tiene mayoría en su gestión.
Cuando se aprobó la contrata para gestionarlo, el ente no tenía que exigir a los licitadores la disposición de un terreno para ubicar las instalaciones. También se equivocó, cree la Sindicatura, en el cambio de sistema de financiación de las obras. Éstas las costeó finalmente la Agencia de Residuos de Cataluña, alterando el objeto inicial de la licitación.
CUENTAS QUE NO CUADRAN
Por si fuera poco, en 2016, el Ecoparc 4 presentó descuadre de cuentas. El Consorci Ecoparc 4 también registró mal la financiación de 24,87 millones del Área Metropolitana y cobró precios públicos sin el preceptivo estudio económico justificativo y sin que éstos fueran aprobados por el AMB.
Además, el Ecoparc cargó a la institución supramunicipal la contratación de personal, contratación, intervención, tesorería, jurídico y técnico sin pagarle nada a cambio, como una contraprestación. Por otro lado, tardó tres años en pagar el coste de servicio de 1,40 millones, que finalmente abonó el adjudicatario, Ferroser, una empresa filial de Ferrovial.