Unas 885.000 personas de Barcelona y parte del Baix Llobregat y el Maresme, que comprenden la diócesis de Barcelona, se encuentran en situación de exclusión social. Esto supone el 32 % de la población, unas 300.000 personas más que el año 2018.
Así lo determina el informe de la situación social en la diócesis de Barcelona elaborado por la Fundación FOESSA, creada por Cáritas Española en 1965, y que este lunes se han presentado en una jornada titulada Pandemia y exclusión social: la tormenta perfecta.
SIN EL ARZOBISPO DE BARCELONA
La presentación de las cifras de pobreza en Barcelona y el área metropolitana debía contar con la presencia del Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que no ha podido hacerlo debido a que ha asistido al funeral del obispo de Girona, Francesc Pardo, que falleció el pasado viernes.
Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española, y Míriam Feu, jefa de Análisis Social y responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Diocesana de Barcelona, han presentado los principales datos del Informe FOESSA 2021 de Barcelona, que se ha elaborado a partir de 1.800 encuestas y por medio de 37 indicadores.
DATOS PREOCUPANTES
Según las conclusiones del informe, la exclusión social en la diócesis de Barcelona se sitúa 3 puntos por encima de la de Cataluña (29,1 %) y casi 9 puntos de la del conjunto de España (23,4 %), unos datos que Míriam Feu ha considerado "preocupantes, porque significa que una de cada tres personas queda excluida de la sociedad".
Para Flores, que una persona se encuentre en situación de exclusión social no sólo es que sea pobre, sino que no puede hacer cosas que otros consideran normales y que carecen de bienestar, como no poder pagar un psicólogo, vivir en una vivienda precaria donde no se puede encender la calefacción, no poder seguir un tratamiento médico o comprar los medicamentos necesarios.
Edificio en construcción de vivienda social delante del Fórum de Barcelona / HUGO FERNÁNDEZ
PRINCIPALES FACTORES
Los principales factores de exclusión social en la diócesis de Barcelona son la dificultad en el acceso a la vivienda y una mayor precariedad laboral, que sitúan a la ciudad condal en un nivel de exclusión superior al del conjunto de Cataluña y de España.
El informe asegura que 97.000 hogares de la diócesis tienen a todos sus miembros activos en paro, 167.000 se encuentran en inestabilidad laboral grave y 77.000 no disponen de ningún ingreso periódico.
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
Más de un millón de personas en Barcelona viven en exclusión residencial y unas 725.000 (26,2 %) pagan un gasto excesivo en vivienda, de tal forma que quedan en pobreza severa una vez han hecho frente a los gastos de viviendas y suministros.
"Esto les coloca en una situación de incertidumbre y sufrimiento constante, ya que no saben si el mes próximo podrán pagar todos los gastos de la casa o si más adelante les subirán el alquiler. Es muy complicado construir una vida en estas condiciones", ha explicado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española.
Integrantes de Cáritas atienden a un joven en Barcelona ante el aumento de la precariedad / CÁRITAS
CONSECUENCIAS DEL COVID
Feu ha indicado que a estos factores se han sumado las consecuencias de la covid-19, que ha hecho aumentar la angustia de muchas familias y, así, en sólo tres años, han aumentado en un 9% las personas con un trastorno mental diagnosticado, afectando al 17 % de la población. Según los datos de FOESSA, más de 140.000 hogares de la diócesis barcelonesa no tienen acceso a medicamentos por problemas económicos.
Las familias con niños y adolescentes han recibido con intensidad, han asegurado Flores y Feu, la crisis de la covid-19, y la exclusión social en estos hogares se sitúa en el 40 %, el doble que las familias que no tienen niños a su cargo. Esta exclusión "es más intensa en los hogares monoparentales y las familias numerosas, ya que una de cada dos familias se encuentra en exclusión social".
POLÍTICAS PÚBLICAS
El director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha solicitado en el mismo acto que se reeimpulse el modelo de estado del bienestar, con "políticas públicas decididas y enfocadas a reducir la exclusión social".
Ha reclamado aumentar la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña y "una armonización completa de ésta con el Ingreso Mínimo Vital", que sólo llegan al 28 % y al 11,8 % de la población, respectivamente, además de más vivienda social.